La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República y su consiguiente reemplazo por quien era su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, ha provocado previsibles expectativas de cambio en diversos sectores políticos y en la ciudadanía. Después de todo, además de los conflictos de interés en los que habría incurrido en el pasado, lo que arrastró al ahora ex mandatario a dejar el cargo fue una funesta combinación de despropósitos y falsedades cuya prolongación nadie podría desear.
En esa medida, es casi unánime, por ejemplo, el reclamo de que los cambios por materializar incluyan medidas y una actitud denodada de lucha contra la corrupción de parte del Ejecutivo, así como el impulso a la reforma de algunas de las normas que rigen los procesos electorales y la financiación de los partidos en nuestra democracia. Y de otro lado, existe también la esperanza de que, habida cuenta de la trayectoria política del nuevo jefe de Estado, la administración que encabeza preste especial atención a las regiones.
Todo ello es perfectamente razonable y, sobre todo, no entra en contradicción con lo que Peruanos por el Kambio (PPK) ofreció a los electores en la campaña del 2016 para ganar el respaldo mayoritario que lo llevó al poder. Porque, como se sabe –pero a veces se olvida–, el voto que depositaron los ciudadanos en las primera y segunda vueltas de ese año no era solo por un presidente: era por un equipo, un plan y una orientación de gobierno.
En ese sentido, conviene llamar la atención sobre otras demandas de cambio que se escuchan en estos días y que se apartan de lo que aquella oferta supuso. Las más radicales postulaban un supuesto carácter ‘provisional’ del gobierno presidido por Martín Vizcarra, una convocatoria a elecciones generales adelantadas y la elaboración de una nueva Constitución, pretendiendo ignorar, como hemos señalado ya en estas páginas, lo que nuestra actual Carta Magna establece al respecto. Y augurando, adicionalmente, una convulsión social incontenible si tales exigencias no eran atendidas.
Esa amenaza, felizmente, parece haber sido conjurada. La mayoría de organizaciones políticas, en efecto, se ha pronunciado a favor del respeto a la sucesión constitucional producida y la ciudadanía la ha aceptado con madurez y en paz.
Subsisten, no obstante, otras demandas de cambio que, si bien ya no insisten en que Martín Vizcarra no complete el período presidencial para el que PPK obtuvo el voto, sugieren para lo que resta de la administración ppkausa una orientación distinta a la que esa opción política ofreció durante el proceso electoral.
A veces, el intento de inducir al Ejecutivo a seguir una dirección contraria a la prometida (y nunca realmente emprendida) viene bajo la forma de una promoción de personas de una determinada extracción ideológica para integrar el nuevo Gabinete; y otras, envuelto en fórmulas admonitorias dirigidas al mandatario en las que le advierten que “tiene la oportunidad de elegir entre liderar estos cambios urgentes [sobre las ‘reglas de juego’ contenidas en la Constitución vigente] o simplemente ser continuidad” de Pedro Pablo Kuczynski.
La verdad, sin embargo, es que si la ciudadanía hubiese querido, por ejemplo, un gobierno con una impronta intervencionista en lo económico o conservadora en materia educativa habría votado mayoritariamente por quienes proponían esas ideas en las elecciones pasadas. Y eso, evidentemente, no ocurrió. La alternativa que planteó PPK en esos comicios fue, digamos, tendiente a la ortodoxia en lo primero y moderadamente liberal en lo segundo, por lo que tratar de modificar esa agenda con la presión para que se nombren ministros de signo contrario al indicado en esos sectores o a fuerza de amenazas no parece la más legítima de las prácticas.
Mal que les pese a quienes alientan esas opciones, hemos cambiado de presidente pero no de gobierno. Con sus aciertos y desaciertos programáticos (nosotros, de hecho, no nos hemos cansado de señalar aquí varios), este continúa. Y lo que le toca a quien ha tomado sus riendas es respetar por los próximos tres años el sentido y la orientación del voto que lo colocó en esa posición.