Lo ocurrido en nuestro país en las últimas semanas, con el estallido de una crisis política gatillada por el Congreso, ha dejado espacio para múltiples reflexiones. Por un lado, la coyuntura ha evidenciado grietas en la manera en la que la Constitución regula las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Por otro, es claro que ha existido un divorcio entre lo que las autoridades han juzgado pertinente hacer y lo que la ciudadanía necesitaba o exigía. Lo que más ha llamado la atención, sin embargo, es el nivel de interés demostrado por los jóvenes por todo lo anterior, expresado en su participación en la organización y ejecución de marchas que, de acuerdo con Ipsos, llevaron al 13% del país a las calles para cuestionar la vacancia y rechazar el breve gobierno de Manuel Merino.
En esa línea, y sin desconocer la plétora de posiciones políticas con las que la juventud puede sentirse representada, es evidente que la voz de esta porción de la población marcará el camino hacia el futuro y es probable que a partir de sus convicciones se termine labrando una evolución en la manera en la que el país se conduce. De hecho, una reciente encuesta de El Comercio-Ipsos da cuenta de las diferencias en criterio que las personas entre los 18 y 25 años tienen en comparación con el resto del país, y las tendencias son mayoritariamente positivas y de consideración obligatoria para quienes quieran ejercer el poder desde el 2021.
Consultados, por ejemplo, sobre la importancia que se da a diversas ideas, el 25% de este grupo etario resaltó la relevancia de la justicia y un 19% la de la democracia. El público en general respondió 23% y 16%, respectivamente. De la misma manera, al ser cuestionados sobre la laicidad del Estado, el 77% respondió que el sector público debía permanecer laico, una diferencia nítida de 8 puntos porcentuales con la opinión del país en su totalidad. En todos los casos, una muestra clara de que los valores republicanos están presentes en el grupo en cuestión.
Otras cifras llamativas conciernen a la apertura y a la tolerancia. El 56% de las personas del rango de edades señalado se mostró dispuesto a votar por un candidato que respalde la unión civil entre personas del mismo sexo, frente a un bajísimo 40% del Perú en su conjunto. De igual manera, un 85% (contra 77%) aseguró que se debe mostrar apertura a quienes piensan y viven diferente. Ambos datos parecen indicar que el interés de los jóvenes, quienes deberán buscar que sus principios se expresen en votos en la próxima y en futuras elecciones, está dirigido hacia un Estado y una sociedad más libres donde se permita que los individuos respondan a su libre albedrío.
En cuanto al manejo de la economía, el 62%, tanto de las personas entre los 18 y 25 años como de la ciudadanía en general, cree que esta debería ser de libre mercado, a saber, con la libre iniciativa privada impulsando el crecimiento y el desarrollo. Un mensaje claro para quienes proponen reformar nuestro sistema económico y una muestra de que el país comprende el valor de este para seguir aumentando nuestro bienestar. Claro, un 68% –del grupo que nos ocupa– también habla de la importancia de un Estado regulador, pero, tomando en cuenta lo anterior, ello responde a que, considerando las funciones asignadas, el sector público tiene mucho espacio para mejorar y optimizar sus servicios.
Lo innegable es que existe un quiebre generacional en cómo se percibe y entiende la política en nuestro país. Si eventualmente la voz de los jóvenes termina convirtiéndose en realidad, tenemos motivos para creer que estamos en ruta hacia una sociedad más libre y democrática. Pero, como han demostrado las últimas semanas, mucho dependerá de cómo se comporten nuestros políticos.