La renovada tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo ha provocado en un sector mayoritario de este último algunas reacciones que, más allá de su remota relación con el motivo original del pulseo –el archivamiento en la Comisión de Constitución del proyecto del gobierno para modificar la inmunidad parlamentaria–, tienen un resabio a revancha política. Una especie de “si tú nos quieres colocar una cortapisa, nosotros te colocamos otra”.
Esa, en particular, es la lectura que cabe dar a los proyectos de ley presentados la semana pasada por los legisladores de Fuerza Popular Alejandra Aramayo y Segundo Tapia (de licencia por estar integrando en este momento la Mesa Directiva) para explicitar de manera minuciosa lo que la lógica constitucional ya implicaba claramente: que el actual mandatario no puede postular a la presidencia en el 2021.
¿Se le aplica el impedimento de tentar la reelección inmediata, expresado en el artículo 112 de nuestra carta fundamental, a Martín Vizcarra, que en el 2016 fue solo elegido vicepresidente? Pues en la medida en que la disposición busca evitar que quien ocupa el poder use los resortes que ello ofrece para mejorar sus posibilidades como candidato en el afán de sucederse a sí mismo, es evidente que sí. Vizcarra es el presidente en ejercicio y tendrá los referidos resortes a su disposición en un año y medio.
Cubriéndose frente a la posibilidad de cualquier “interpretación auténtica” que tratase de burlar ese impedimento, sin embargo, los ya mencionados parlamentarios han consignado en sus respectivos proyectos de ley que “no podrá ser elegido presidente de la República, de manera inmediata, el ciudadano que bajo cualquier título hubiere (sic) ejercido la presidencia” (Aramayo) y que está impedido o prohibido de postular “quien se encuentre ejerciendo el cargo de presidente de la República bajo cualquier circunstancia legal”.
A esas precisiones, el jefe del Estado ha respondido repitiendo lo que ha dicho ya innumerables veces frente a la prensa: que descarta tajantemente toda posibilidad de tentar semejante postulación.
“Esa decisión ya la tomé hace más de un año, así que tranquilos”, declaró la semana pasada. Y, como decíamos, si se revisa su historial de afirmaciones al respecto, solo se encuentran negativas enfáticas (“No voy a ser candidato en el 2021”, “el 28 de julio del 2021 estoy entregando la banda presidencial al sucesor”, etc.).
Si bien es cierto que la historia local e internacional está llena de políticos que aseveran que no intentarán una reelección para luego faltar a su palabra –Susana Villarán, Evo Morales, Daniel Ortega y tantos otros–, la insistencia del presidente acerca de su rechazo absoluto a un escenario así sugiere que no está mintiendo. En otras palabras, cada vez que descarta su eventual candidatura hace políticamente más costoso el luego desdecirse.
Es verosímil, en consecuencia, que realmente esté pensando cumplir lo que anuncia.
Hay en todo ello, no obstante, un matiz que inquieta. A saber, la circunstancia de que él parece creer que su no postulación a la presidencia en el 2021 es una cuestión de voluntad y no de exigencia constitucional. De ahí, en efecto, que asegure que se trata de una “decisión” que tomó hace años o que use fórmulas como las de “no voy a ser candidato”, en lugar de la de, “quiéralo o no, estoy impedido de hacerlo por la ley”. En este caso, simplemente, querer no es poder.
¿Hace falta remacharlo con modificaciones constitucionales que reciten lo que a todas luces se sigue del texto que ya existe? Pues se diría que no y que las iniciativas en ese sentido tienen, como señalábamos al principio, un sabor a mera represalia política.
En un terreno en el que la artimaña ha sido el patrón, sin embargo, recordarlo no está de más.