Dicen que apuntar alto con un plan es recorrer la mitad del camino. La reflexión puede ser cierta, pero sin duda dependerá de la calidad del plan en cuestión. En materia de formalización laboral, el gobierno ha apuntado muy alto. El plan, por otro lado, está dejando mucho que desear.
Primero, la puntería. Como se recuerda, durante la campaña electoral del año pasado, la actual administración prometió nada menos que “la creación de 600 mil empleos [formales] por año, o sea tres millones en cinco años”; objetivo sumamente ambicioso habida cuenta de que la creación promedio de empleo formal de los últimos cinco años no alcanza los 100 mil puestos de trabajo anuales. Más aun, el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK) propuso “como meta de gobierno el logro de 90% de formalidad en términos de la generación del PBI y 50% en lo que se refiere a formalidad laboral para el 2021”. Este último objetivo equivale a disminuir en 20 puntos porcentuales la informalidad laboral, monumental labor para un período tan breve.
Pero el libreto que sigue el Ejecutivo para conseguir estos logros es bastante menos que auspicioso hasta ahora. Por un lado, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, dejó hace unos días la opción abierta para un nuevo incremento del salario mínimo. Lo curioso es que el plan de gobierno de PPK –redactado antes de la última alza del salario mínimo de mayo del año pasado– proponía poner este en S/850 mensuales; es decir, justamente su nivel actual. ¿Ha habido importantes ganancias en productividad o inflación acumulada que justifiquen el nuevo incremento en menos de un año? No parece ser el caso.
Por otro lado, el titular del Ministerio de Trabajo también comentó que su despacho estaba considerando otorgar media gratificación para las mypes, beneficio que no tienen actualmente. Es cierto que las gratificaciones, de cierto modo, no constituyen un sobrecosto laboral porque forman parte del salario total anualizado por los empleadores (en otras palabras, mientras mayor sea la cantidad de sueldos –gratificaciones incluidas– por año, menor será el monto de cada sueldo), pero en la medida en que las mypes también están sujetas al salario mínimo, el pago de media gratificación sí puede hacer la diferencia entre la formalidad y la informalidad.
Mención aparte merece la reciente intervención del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski respecto a que “hay una gran masa de gente que trabaja por poco, lo que causa que se baje el sueldo de todos. El empleador siempre tiene la tentación de trabajar con trabajadores informales”, como si –para la gran mayoría de empleadores y empleados– la informalidad fuera una elección espontánea antes que la consecuencia de un sistema costoso y excluyente.
Pero si tanto el incremento del salario mínimo como la bonificación adicional para las mypes hacen más costoso el acceso al régimen laboral formal, ¿cómo se compaginan estas medidas con los objetivos iniciales planteados por el gobierno para fomentar la creación de empleo formal? La respuesta no es muy clara.
Una posibilidad es que estas y otras medidas sean el intento de la administración del presidente Kuczynski por comprar capital político en favor de una reforma integral mucho más ambiciosa, una que ataque el fondo de la rigidez del mercado laboral. Pero, aun si fuera el caso, anuncios de este tipo no hacen más que alimentar las expectativas de un mayor intervencionismo y sobrecostos en el mercado de trabajo formal, lo que, a su vez, genera más desconfianza en las iniciativas del Ejecutivo y reduce el apetito de la inversión privada. Es decir, precisamente lo contrario a lo que necesita el gobierno y el país.
Como decíamos el lunes en esta página, la reforma integral del mercado laboral dependerá en buena medida de la voluntad política que tenga el Congreso –y en particular Fuerza Popular– para emprenderla. Pero flaco favor se hace el Ejecutivo en este contexto al empezar la partida concediendo medidas opuestas a las que lo acercan a sus ambiciosos objetivos de largo plazo.