Como hemos escrito antes en este Diario, si hay una fortaleza que reconocerle a la economía peruana, esa es su solidez macroeconómica y, en particular, su buen manejo de la política monetaria. A pesar de ser un país de ingresos medios y abierto al mundo, el Perú destaca por haber mantenido la inflación más baja de la región en las últimas dos décadas y un tipo de cambio sumamente estable. A eso se le suma el equilibrio de las cuentas fiscales y, en general, la credibilidad que el Perú despierta en los mercados internacionales. Todo ello se ha logrado con disciplina, responsabilidad y reglas claras.
Por eso, no deja de sorprender cada vez que un candidato a un cargo público relevante propone socavar precisamente una de las pocas cosas que han funcionado tan bien. En una entrevista para un medio local, se le preguntó a la candidata a la presidencia de Juntos por el Perú (JPP), Verónika Mendoza, si ella descartaba la posibilidad de recurrir a la emisión de dinero en el Banco Central de Reserva (BCRP) en un contexto de bajos recursos fiscales. La candidata respondió que esta sería “una posibilidad que se evaluará en su momento”, añadiendo que, por ahora, “el Estado tiene los suficientes fondos para reactivar y dinamizar la economía”. Más adelante, la excongresista señaló que, de llegar al gobierno, “por supuesto” que respetarían la autonomía del BCRP.
En primer lugar, llama la atención la aparente contradicción de la candidata. Si se va a respetar la autonomía del BCRP y lo que este decida de forma independiente, ¿qué es aquello que “se evaluará en su momento”? Una manera de resolver parcialmente este impasse lógico sería, por supuesto, colocar al frente de la institución a una persona obsecuente con las indicaciones del eventual Ejecutivo de JPP, pero el concepto de “autonomía institucional” difícilmente cabe en aquella figura.
Por lo demás, lo cierto es que no hay mucho que evaluar. De acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, el BCRP “está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público”. En otras palabras, la popular “maquinita” que gatilló el proceso inflacionario de los años 80 está, de plano, proscrita. Salvo, obviamente, que se pretenda reescribir ese extremo constitucional.
Dado el revuelo que causaron sus declaraciones, posteriormente la candidata insistió en que “el BCR será autónomo y controlará la inflación”. “No queremos repetir la ‘maquinita’ de los 80s, no queremos hiperinflación. Sería absurdo”, indicó en sus redes sociales.
Aun concediéndole el beneficio de la duda, lo que queda claro de este embrollo es que la aspirante al sillón presidencial no dispone de un concepto claro entre los límites de la política monetaria –dominios que corresponden al BCRP– y los de la política fiscal –que corresponden al Ejecutivo–. No se puede “evaluar” borrar la línea que ha trazado claramente la Constitución sin poner en riesgo la institucionalidad de un ente tan importante como el BCRP y, de paso, el control de la inflación y la macroeconomía nacional. No se necesita un grado académico en economía para recordar lo que puede suceder cuando se evalúa financiar al Ejecutivo con emisión monetaria.
Si se trata de recuperar los ingresos fiscales, no hay mejor manera de lograrlo que promoviendo más y mejor inversión privada y empleo. Las rutas fáciles, tentadoras, son las que nos llevaron al despeñadero hace poco más de tres décadas. Esa simple lección ya debería estar bien aprendida.