Hace unos días, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país, decidió unánimemente suspender por seis meses al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. La disposición se fundamentó en la necesidad de proteger el desarrollo de las investigaciones que se le siguen sin que se presente ninguna posible interferencia y también en cómo, de ser ciertas las acusaciones que pesan sobre él, se pondría en riesgo la credibilidad de las investigaciones que, como cabeza del Ministerio Público (MP), él preside.
Es cierto que ni las acusaciones ni los procesos son argumento suficiente para asumir que alguien es culpable o, al menos, razonablemente sospechoso de algo (y menos que nunca en un país con instituciones tan débiles como las nuestras). Pero el problema con Ramos Heredia no es tanto que tenga procesos, como la fortaleza de los indicios que existen contra él en los mismos. Fortaleza que, sin hacerlo necesariamente culpable, es suficiente para poner en duda la credibilidad de las investigaciones de la institución de la que es jefe y que, por tanto, tendría que haber sido suficiente para que él diese voluntariamente un paso al costado mientras se terminaban los procesos para salvaguardar la buena imagen de estas investigaciones. Esto es, al menos, lo que tendría que haber hecho si hubiese tenido al MP como prioridad.
Después de todo, no hay que olvidar que los cuatro procesos que existen en el CNM contra Ramos Heredia tratan de actuaciones suyas que lo hacen sospechoso de estar vinculado con los protagonistas de dos de los principales casos que investiga el MP a la fecha: ‘La Centralita’ (que incluye a Martín Belaunde Lossio) y Orellana.
En efecto, cuando se desempeñaba como jefe de la Oficina de Control Interno del MP, Ramos Heredia sancionó a un grupo de fiscales que participaron en la intervención de un vehículo del Gobierno Regional de Áncash sospechoso de trasladar dinero para pagar a simpatizantes del entonces presidente regional, César Álvarez (hoy en prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato de su opositor y denunciante, Ezequiel Nolasco). Por esa intervención, Ramos Heredia llegó a pedir la destitución del fiscal anticorrupción Luis Checa, quién había ordenado la intervención. Sobre esta última decisión existe un audio que fue propalado en agosto pasado y que parece mostrar que la decisión habría sido tomada en realidad por el entorno de Álvarez.Todo lo anterior sucedía, por otra parte, mientras el mismo Ramos Heredia trataba con benevolencia las diversas denuncias que llegaban a su oficina por las actitudes con las que el ex presidente de la Junta de Fiscales del Santa Hugo Farro parecía proteger a Álvarez, con quien tenía una probada cercanía.
No contento con esto, Ramos Heredia también recomendó denunciar penalmente a los cuatro fiscales que allanaron el local de ‘La Centralita’.
Otro de los procesos que se sigue en el CNM a Ramos Heredia se debe a sus aparentes vínculos con Rodolfo Orellana, a quien primero negó públicamente conocer y a quien luego – cuando la evidencia correspondiente se había hecho pública– aceptó haber recibido en su despacho del MP pero solo “como a cualquier usuario [léase, investigado]” de la institución. Según tres testigos, Ramos Heredia también habría visitado las oficinas de este “usuario” de su institución.
En cualquier caso, si quedaban dudas sobre la idoneidad moral del señor Ramos Heredia para encabezar la institución encargada de defender la legalidad y el interés del Estado, investigando la corrupción, estas tendrían que haberse resuelto con la forma como reaccionó ante su suspensión: revelando públicamente que el Estado (incluyéndolo a él en su calidad de cabeza del MP) sabía que Belaunde Lossio, el supuesto hombre más buscado del país, estaba en Bolivia, a cuya cancillería–según pudo averiguar este Diario – el prófugo había pedido protección política el 15 de diciembre pasado. Ninguna de las opciones posibles para explicar esta inusual revelación deja bien parado a Ramos Heredia.
Es una muy buena noticia, pues, la suspensión de Ramos Heredia. Lo es al menos para la legitimidad de las muy claves investigaciones que está llevando a cabo su institución y que hace tiempo que estaban siendo cubiertas por la enorme sombra de sospecha que, con tan buenas razones, hoy cubre al suspendido fiscal.