Sería un esfuerzo fútil y hasta avezado el intentar explicar el voto por determinada candidatura basados en una sola dimensión de análisis. En el acto electoral, los ciudadanos condensamos imperfectamente nuestras aspiraciones materiales, nuestra visión del mundo y simpatías, nuestras frustraciones y nuestra demanda por representatividad en el gobierno. No se puede escapar de esta complejidad humana utilizando perspectivas unidimensionales más de lo que se puede resumir una profunda novela en unas cuantas ideas fuerza y descripción de trama.
Eso no significa, sin embargo, que no se pueda buscar explicaciones parciales que ayuden a armar el rompecabezas. Uno de los temas que quedaron claros en la primera vuelta electoral del domingo pasado, por ejemplo, fue la fuerte inclinación del electorado nacional por opciones de corte conservador en lo social; en efecto, los cinco candidatos que ocuparon las primeras posiciones sostenían –en diferentes medidas– esta visión.
En esta búsqueda por comprender mejor los votos, explicar el súbito ascenso de Pedro Castillo, candidato de Perú Libre –quien pocas semanas atrás no ostentaba lugar prominente en las encuestas–, es una tarea pendiente. En vista de la correlación entre los índices de vulnerabilidad y la votación por Perú Libre, es obvio que la precariedad económica –si bien no es la historia completa– juega un rol en el voto de esta primera minoría política del Perú.
No hay duda de que en la gran mayoría de zonas donde ganó el dirigente sindical hace falta mayor presencia del Estado. Carencias de diversos tipos acercan a muchos lugares del país más al siglo XIX que al siglo XXI. Sin embargo, esto no significa necesariamente que falten recursos. De acuerdo con un informe publicado el viernes por este Diario, “en las regiones con mayor producción minera como Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Moquegua y Tacna, en donde Castillo alcanzó la máxima votación entre los candidatos en la primera vuelta, los gobiernos subnacionales dejan de invertir en obras, en promedio, S/1.830 millones cada año, el 46% de su presupuesto”, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con la contraloría, existen 294 obras de infraestructura paralizadas que suman casi S/5.000 millones.
La población más vulnerable posiblemente tiene menos interés en ideologías políticas radicales y más en que sus problemas de acceso a servicios públicos se solucionen. Las brechas en educación, transporte, salud, conectividad digital, entre otras, guardan una relación directa con la incapacidad del aparato estatal de proveer estos servicios de forma adecuada. A pesar de contar con los recursos –muchos de ellos generados por la actividad minera–, los gobiernos regionales y locales no han logrado transformarlos en obras para la mejora de la calidad de vida de la población. Sea por displicencia, inefectividad o corrupción, el sistema debe repensarse desde la raíz.
El voto por cualquier candidato, decíamos, no se puede ni se debe resumir en una sola dimensión. A la vez, no obstante, es inevitable cuestionarse si las enormes limitaciones de la descentralización y del aparato público –claramente visibles en la pandemia pero que se arrastran por décadas– no habrán jugado un rol preponderante en esta primera vuelta. El mensaje, fuerte y claro desde el interior del Perú, es que ya no se puede seguir ignorando estas brechas. Aunque se quiera desconocer, la verdad es que todos pagamos las consecuencias de esta indolencia histórica.