Con la primera vuelta electoral a poco más de seis meses, parte del Congreso quiere recordarle a la ciudadanía –a través de todos los medios a su alcance– que el Ejecutivo no es el único actor, que ellos también están presentes para hacer frente a la pandemia, y que únicamente desde el hemiciclo se pueden defender los intereses de la gran mayoría. Es solo de este modo que se puede comprender la moción de censura que se debatirá hoy en el pleno en contra de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.
La herramienta política que hoy amenaza la estabilidad de la ministra Alva, huelga decirlo, es una prerrogativa válida a la que el Congreso tiene pleno derecho. Es parte del balance de poderes trazado en la Constitución. Asimismo, es válido llamar la atención sobre los pobres resultados del manejo económico en el país, y exigir una rendición de cuentas seria ante lo que será una de las contracciones económicas más grandes del mundo este año.
No parece ser esto, sin embargo, lo que insufla el espíritu de censura en algunas bancadas, sino más bien una suerte de ajuste de cuentas con ribetes ideológicos. En la moción firmada por representantes de Unión por el Perú (UPP), Podemos, Frepap y Frente Amplio se indica que el “país necesita una economía con rostro humano, que piense en las madres de familia, en el ciudadano de a pie y en las mypes, en los desempleados y subempleados, en los que perdieron a sus familiares, porque la economía debe estar al servicio de la población y no de las grandes empresas”. Si bien la política económica ha tenido errores –algunos gruesos–, la exposición de motivos de la eventual censura, cargada de frases vacuas y maniqueas, trasluce más bien un aprovechamiento político de la situación.
Una de las principales críticas desarrolladas en la moción es el supuesto mal uso de Reactiva Perú, el principal programa de financiamiento con aval del Estado. De este se dice que excluyó “mayoritariamente” a las mypes, cuando se ha demostrado que el 98% del total de empresas que recibieron crédito a través del programa fueron precisamente compañías de este segmento. El financiamiento con garantía estatal tiene como fin preservar la cadena de pagos, y fue con este criterio que se desembolsaron los préstamos. Forzar criterios distintos sería comprometer aún más los puestos de trabajo que se quieren preservar.
Otras críticas, como la supuesta negligencia frente al sector agrario –que fue uno de los pocos que pudo trabajar durante la cuarentena general– o la contratación pública de una empresa ligada al padre de la ministra Alva, tienen también poco sustento. En medio de la enorme incertidumbre política y económica que sufre el país, agregar la remoción de la cabeza del MEF sería tremendamente perjudicial. El sistema requiere un mínimo de predictibilidad y, aun con errores por subsanar, la presencia de la ministra Alva es importante para un Gobierno que no siempre ha mostrado una habilidad especial para atraer a los mejores cuadros al Gabinete.
Con distintos protagonistas y objetivos, el intento de censura de la titular del MEF se enmarca, de hecho, dentro de un libreto similar al procedimiento de censura del presidente Martín Vizcarra. El Ejecutivo tiene, en efecto, temas por explicar, pero estos no deben convertirse en espacios por explotar políticamente al son del uso y abuso de herramientas constitucionales. Mucho menos cuando el país atraviesa su momento más crítico y requiere, como mínimo, que su clase política esté dispuesta a poner el interés general por encima de ojerizas arbitrarias e intereses mezquinos.
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