Una sombra de corrupción se cierne sobre el sistema universitario estatal. Según información recopilada por la contraloría, hasta fines del 2025 se registraban intervenciones de control en 43 universidades públicas del país. Muchas de ellas, en efecto, han sido objeto de denuncias, investigaciones fiscales e informes de la contraloría misma por presuntas irregularidades. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo, afrontó cuestionamientos relacionados con procesos electorales, contrataciones y gestión administrativa. La Universidad Nacional Federico Villarreal, en tanto, registró denuncias sobre elección de autoridades, conflictos de gobernabilidad e incumplimientos de la Ley Universitaria. Y la Universidad Nacional de Ingeniería fue señalada por denuncias de presunto nepotismo, corrupción y acoso sexual. Por diversas razones, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía se suman a esta lista.
El récord en esta penosa materia, sin embargo, parece ostentarlo la Universidad Nacional del Callao (UNAC). Revelaciones publicadas por El Comercio y sustentadas en informes de la contraloría, documentos fiscales y testimonios han puesto bajo la lupa a las principales autoridades de esa casa de estudios. De acuerdo con esa información, la rectora Arcelia Olga Rojas Salazar; el jefe de administración, Jorge Linares; el jefe de la Unidad de Abastecimiento, Juan Carlos Collado Félix; y otros funcionarios de la cúpula universitaria afrontan investigaciones o diligencias fiscales por negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y otros presuntos delitos. Entre los hechos denunciados figuran el pago de remuneraciones a un docente fallecido, presuntos pagos indebidos a personal, un supuesto intercambio de favores y cuestionamientos a procesos de contratación pública. Existen, además, cuestionamientos al proceso de elección del nuevo rector, Augusto Caro Anchay. En buena cuenta, pues, toda la cúpula de la referida universidad está bajo la lupa del Ministerio Público o comprometida en problemas con la justicia, lo que resulta escandaloso tratándose de una institución que debe impartir instrucción y educación a sus estudiantes, y que los peruanos sostenemos con nuestros impuestos.
Consultada sobre esta situación, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ha señalado que corresponde inicialmente a cada universidad resolver sus asuntos administrativos, pero que si las denuncias afectan la continuidad del servicio educativo o vulneran las condiciones básicas de calidad, ellos podrían intervenir. ¿No estamos acaso ya en un escenario así?
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