Los retos que le esperan a la administración del presidente Francisco Sagasti son de dos tipos. De un lado están los políticos, como mantener la legitimidad de un gobierno que no ha sido directamente elegido por las urnas y construir una sana relación con el Congreso. De otro, están los vinculados con la capacidad de gestión. Destacan en ese frente la reactivación económica, la organización de elecciones limpias y el manejo adecuado de la pandemia por el COVID-19.
En este último punto, el gobierno entrante no va a tener tiempo ni de instalarse antes de tener que tomar decisiones determinantes. Si bien es pronto para confirmar la existencia de una vacuna efectiva y segura para todos, los resultados de las pruebas de Moderna y Pfizer, ambos ahora en noviembre, dan espacio para el optimismo. Como se sabe, ambas compañías reportaron una eficacia de 90% o más en sus últimos ensayos. En EE.UU., según los últimos reportes, la vacunación podría empezar tan pronto como mediados de diciembre. La adquisición a gran escala de la primera vacuna aprobada para uso masivo tendrá una demanda global y una competencia nunca antes vista entre países.
En este contexto, el Gobierno Peruano debe poner el acelerador. De acuerdo con Carlos Neuhaus, integrante del llamado Comando Vacuna, el Perú tiene asegurados al menos 15 millones de dosis de las candidatas a combatir la enfermedad por acuerdos alcanzados con Pfizer (9,9 millones) y Covax Facility (6 millones). De hecho, aproximadamente 50 mil dosis llegarían en diciembre con su sistema de frío.
Pero el trabajo está lejos de haber concluido. Lo primero es asegurar que las vacunas sean adquiridas en grandes cantidades lo antes posible. Luego de las primeras 50 mil, de acuerdo con Neuhaus, Pfizer proveería cerca de 1 millón en el primer trimestre y Covax Facility tendría disponibilidad para el Perú recién a mediados del 2021. Dado el número de habitantes del país, los niveles de inmunización requeridos en la población, la merma, y que cada persona podría tener que recibir dos dosis, el reto sería conseguir aproximadamente 50 millones de vacunas.
Lo segundo es el traslado al Perú, la logística de distribución al interior del país y la aplicación de la vacuna. ¿Cómo se va a conservar la cadena de frío en las zonas más remotas del territorio nacional? ¿Qué jeringas y equipos se utilizarán? ¿Con qué bases de datos se registrará a quiénes se ha inmunizado? ¿Quiénes serán los primeros en recibir la vacuna? El Estado no se ha caracterizado por ser especialmente eficiente en este tipo de tareas, pero hoy más que nunca no hay espacio para el error.
El trabajo no es solo del Ejecutivo. De acuerdo con Carlos Castillo, asesor de vacunas del Ministerio de Salud (Minsa), ya se han adquirido al menos cinco equipos de ultracongelación, pero sigue pendiente de aprobación en segunda votación el proyecto de ley para registrar la vacuna contra el COVID-19 como vacuna de emergencia. “Urge que sea debatida en segunda votación. De lo contrario, por más que lleguen las dosis, no podremos aplicarlas de inmediato”, mencionó Castillo.
El gobierno es uno de transición, pero el contexto demanda que también sea uno de acción efectiva. A diferencia de otros gobiernos inaugurados el 28 de julio, la administración del presidente Sagasti no dispone de mucho tiempo para elaborar planes, discutir ideas y eventualmente ejecutarlas. Si el Perú no quiere quedarse a la zaga entre los países inmunizados, con las consecuencias para la salud y la economía que ello implica, su trabajo concreto empieza hoy.