“¿Este es Canal Ñ? De Graña, ¿no? A esos canales no respondo”. “CNN es fake news. No respondo preguntas de CNN”.
¿Puede un presidente discriminar y escoger a qué medios periodísticos responde y a cuáles no? ¿Puede hacerlo un ex presidente? ¿Es totalmente discrecional?
A miles de kilómetros de distancia, el ex presidente Alan García acaba de hacerle un guiño al actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
La primera cita corresponde a la ruda respuesta de García a la periodista Lourdes Páucar, de Canal N, mientras ella, junto con otros reporteros, intentaba obtener declaraciones del líder aprista afuera de su domicilio, en relación con la investigación que se le sigue por colusión desleal y lavado de activos en el Caso Odebrecht. Momentos antes, trató con desdén a otro periodista, Fernando Llanos, del mismo canal, evitó deliberadamente sus preguntas (“yo respondo lo que me parece cortés”, alegó ante la insistencia) y acusó a Canal N de perseguirlo políticamente.
Donald Trump es el autor de la segunda cita, en respuesta a Jim Acosta, jefe reportero de la Casa Blanca para CNN, en julio de este año. Y hace dos semanas, Trump le contestó lo siguiente a Acosta durante una conferencia de prensa: “Deberías dejarme guiar el país a mí, y tú preocuparte por CNN. Si lo hicieran bien, sus rátings serían mucho mejores”, “CNN debería estar avergonzado de tenerte trabajando para ellos. Eres una persona terrible y grosera” y “cuando reportan noticias falsas, lo que hace CNN y mucho, se convierten en el enemigo del pueblo”.
Un día después, el Gobierno Norteamericano le quitó el pase de prensa a Acosta y le prohibió el ingreso a la Casa Blanca, alegando que el reportero le había levantado la mano a la practicante que intentaba quitarle el micrófono en la mencionada rueda de prensa. Sin embargo, la semana pasada, un juez federal dictó un mandato temporal para que se le devuelva el pase a Acosta. El juez –siguiendo el precedente del Caso Sherrill– consideró probable que CNN tuviera razón al alegar que el Gobierno había violado su derecho al debido proceso al revocar el pase de Acosta sin mayor fundamento y sobre la base de evidencia cuestionable (en el video nunca se aprecia alguna acción violenta de Acosta). En otras palabras, el juez determinó que ni siquiera el presidente de EE.UU. tiene un poder absoluto para decidir arbitrariamente a qué periodistas deja entrar o no a la Casa Blanca.
Aún está pendiente el fallo final en este importante caso. En el fondo, está en juego la libertad de prensa, puesta en riesgo por el descontento y capricho de un presidente al que no le gusta la cobertura noticiosa de un medio (CNN) y que ha amenazado con revocar el pase de prensa a otros.
El caso plantea una reflexión cardinal. El derecho y las leyes pueden establecer ciertos límites a la arbitrariedad de un funcionario público, sobre todo cuando esta impide el correcto ejercicio de una de las libertades más fundamentales para una sociedad democrática, como la libertad de prensa.
Erradicar todo resquicio de subjetividad, sin embargo, es imposible. Siempre habrá periodistas y medios de comunicación más ‘cómodos’ para algunos funcionarios y políticos, y es difícil establecer una regla objetiva. Alan García, en tanto no desempeña una función pública, además, tiene libertad de escoger a quién responde y a quién no. Su negativa solo demuestra su débil talante democrático y, en última instancia, sus propios temores.
Pero de ahí a acusar a un medio periodístico de mentir o cuidar intereses subalternos hay un largo trecho. Y si dicen valorar la libertad de expresión, habría que exigir a quienes realizan tales acusaciones –sea que apelliden Trump o García–: “Demuéstrenlo, pues”. PD: Cualquiera, inclusive Alan García, tiene derecho a correrse de la prensa y la opinión pública. No, de la justicia.
Relacionadas