“#LaVerdadEsUnaSola” fue el hashtag utilizado en los últimos días en Twitter, en respuesta a la presentación del libro “La verdad de una mentira” de María Cecilia Villegas en la Feria Internacional del Libro de Lima.
Tuve la oportunidad de leer el libro que aborda el espinoso caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, y uno de sus planteamientos es que estos hechos (los cuales no niega sino reconoce) no respondieron a una política estatal, o al menos no hay evidencia concluyente de ello. Una afirmación que, al parecer, sonó a blasfemia a oídos de quienes acusaron a Villegas de negacionista… negándole, paradójicamente, el derecho a difundir el resultado de su investigación.
Entiendo por qué a muchas personas les incomoda el libro y por qué muchos ya lo denunciaban sin siquiera haber terminado de romper el plástico que lo envolvía. Periodistas, opinólogos, las personas en general tendemos a apreciar solo aquello que refuerza nuestras propias ideas. Creemos solo lo que nos gusta y acusamos de falsedad o conspiración lo que no. Lo percibo todos los días, en conservadores y liberales, en la izquierda y la derecha. Como si ya hubiéramos aprendido lo suficiente en la vida. Por eso huimos con pavor de los hechos, no vaya a ser que demuestren cuán erradas nuestras preconcepciones eran.
Villegas aporta sólidos argumentos para cuestionar la idea generalizada de que los procedimientos de anticoncepción quirúrgica no consentidos, entre los años 1996 y 2000, respondieron a una estrategia estatal. En mi opinión, sin embargo, lo más relevante del libro trasciende a este debate. Lo más importante está en lo que nos enseña sobre las políticas públicas. La tragedia de las esterilizaciones no consentidas, las defectuosamente informadas, las mal ejecutadas y las no reparadas muestran los defectos en la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar creado en 1996. Nos enseña la incapacidad tan típica del burócrata peruano consistente en diseñar y poner en práctica una política pública sin pensar en las fallas que podría presentar, en las herramientas para identificarlas prontamente, o en las medidas correctivas y reparadoras de los daños que pudiera ocasionar.
La otra tragedia fue la cancelación del programa en el 2001. En lugar de corregir y mejorar una política necesaria para la salud de las mujeres, que les devolvía el derecho a decidir voluntariamente sobre su reproducción y su futuro, y que podría brindarles mayores oportunidades de superación educativa, profesional y económica, se optó por dejarla de lado.
El tremendismo de siempre. Se trate de una lata de leche, un puente que se desploma o una trágica muerte. Todo está mal, sin posibilidad de salvación. No sorprende entonces que el Congreso apruebe pésimas leyes regulando la anécdota, sin pensar en cómo esas nuevas reglas generales afectarán a todo el resto de desconocidos cuyos casos no llegaron a la primera plana de un periódico o a un set de televisión.
El caso de las esterilizaciones forzadas, en la investigación de Villegas, nos enseña que no se debe presumir la existencia de una política pública a partir de casos concretos. Pero al mismo tiempo nos recuerda que no se debe construir ni destruir una política pública únicamente a partir de casos concretos.
Y quienes niegan la validez de una investigación sin haberla leído siquiera nos enseñan que aquello de que la verdad es una sola es una gran mentira.