Al cierre de este artículo, no hay ninguna señal desde el Congreso de la República que nos haga prever que tendremos elecciones generales este año, como pide una gran mayoría en las calles (un 73% está a favor, según la más reciente encuesta del IEP). De manera que el limbo continúa, aunque, viendo la cantidad de votos con los que se aprobó ayer la reconsideración para que los comicios sean este 2023 (66 a favor y 49 en contra), el escenario más probable es que no se llegue a las 87 adhesiones necesarias para que esta propuesta sea ratificada y traiga cierta calma en estos días de barbarie. Pero estamos en el Perú, tierra de lo impredecible, y en el transcurso del día sabremos qué es lo que prima en los legisladores en una de las peores crisis que ha vivido nuestra frágil democracia en los últimos años: la sensatez o el interés particular.
Lo que sí no se entiende es la falta de sentido de urgencia de nuestra clase política. Han fallecido más de 60 personas y se han reportado más de 1.500 heridos desde que comenzaron las protestas y recién desde hace poco menos de una semana el debate entre el Ejecutivo y el Legislativo se centra en donde debió estar desde un inicio: cuándo y cómo los peruanos acudiremos de nuevo a las urnas para elegir nuevas autoridades. No es posible que se haya llegado a este nivel de deshumanización para que se considere prioritario lo que siempre debió serlo. Como bien dice la Defensoría del Pueblo: “La forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días”.
El país ya no da para más y el Congreso tiene hoy la responsabilidad histórica e inaplazable de resolver este asunto y, de igual forma, el gobierno de Dina Boluarte lo debe entender de esa manera y no anunciando proyectos de ley que terminarán cayendo en un saco roto, dándole –como efecto secundario– oxígeno a discursos radicales que provienen tanto de la izquierda más radical como de la derecha más rancia. En otras palabras, si el Congreso persiste en dilatar una respuesta final, la presidenta debe considerar poner sobre la mesa su carta de renuncia como la única manera posible para que se convoque a elecciones generales. Pero estas ya no serían para octubre del 2023, sino para el 2024, como viene explicando el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos. Lo que haría aún más turbio el desenlace de esta crisis y que golpeará con más fuerza a los peruanos más vulnerables. Todo por una clase política que no entendió el sentido de urgencia de estos tiempos y la tamaña responsabilidad que tiene entre sus manos.