Lo peor que le puede pasar al país es optar por una salida extrema en medio de esta crisis política. “¡Disolver el Congreso, vamos!”, clama una importante porción de la población. ¿Tiene cómo hacerlo el Gobierno? En este momento no, si no ya estaría procediendo. Y si lo anuncia al final del día (y luego de la hora de cierre de esta columna), tampoco habría unanimidad respecto a si la medida calza 100% con la Constitución. Martín Vizcarra no puede dar un paso fuera de ella, el Congreso lo sabe y él también. Por eso era importante buscar una salida negociada ante el proyecto de adelanto de elecciones, en la que ambas partes sintieran que obtenían algo a cambio de irse a su casa un año antes. Esto no ocurrió y el escenario se complica al punto en que nadie sabe exactamente qué sucederá en los próximos días.
El debate político en el Perú no puede seguir entrampado en el “buenismo”. Seamos conscientes de una buena vez de que las personas –y sobre todo los políticos– actúan según sus intereses y no porque sean buenas o tengan elevados ideales. No debería ser así, pero lo es y así será siempre. Por eso es extraordinaria la aparición de líderes que anteponen el bien común más allá del discurso. Lamentablemente hoy no estamos ante ello, sino ante la urgencia de superar una crisis. Y esto no va a ocurrir convocando elecciones anticipadas para que “se vayan todos” en el 2020. Puede quererlo una mayoría (70% de encuestados a nivel nacional, según Ipsos, en setiembre), pero no va a pasar porque lo diga la calle sino por lo que pudieran pactar Gobierno y oposición si se sentaran en serio a buscar una salida.
Hoy el fujimorismo y sus aliados solo han ganado tiempo. Archivar el proyecto de Vizcarra no es un triunfo político para ellos porque para el país resulta evidente que Fuerza Popular es el principal responsable del hartazgo y desaprobación que recaen sobre el Congreso. El Parlamento logró torcerles el brazo al presidente y a su primer ministro, sí, pero el Ejecutivo es percibido como víctima del boicot naranja. La política se basa en percepciones y en ellas están perdidos. Vizcarra también pierde, como es obvio, porque se comprometió con un “nos vamos todos” que, simplemente, no va.
En este punto cero en el que nos encontramos aún cabe espacio para el entendimiento político que permita a ambos actores trabajar de aquí a julio del 2021 sobre la base de una agenda que dé prioridad a los problemas del país. Suena irreal, sí, pero no tienen otra salida. El incentivo para Gobierno y oposición está en tratar de salvar un “legado” que evite que el quinquenio 2016-2021 sea un quinquenio perdido, como lo viene siendo hasta ahora. Quizás postergar la elección de un nuevo Tribunal Constitucional ayudaría a facilitar el diálogo. Necesitamos madurez de ambas partes.