Según un informe de El Comercio, los líderes de algunos gremios de transportistas que han hecho de la lucha por mantenerse en la informalidad e ilegalidad un ‘modus operandi’ van por su tercer intento de crear un partido político. En los dos anteriores, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó sus pretensiones.
La última de estas cruzadas se llama Gremios & Peruanos por el Perú. Que el nombre adolezca de originalidad es lo de menos. Buscan instrumentalizar los espacios políticos que directa o indirectamente ya ocupan en el Congreso de la República, en los gobiernos regionales y en varios municipios, para el logro de sus principales objetivos: mantener el statu quo para operar con medio pie en la legalidad y uno y medio fuera de esta.
El caso de los transportistas informales es harto revelador de lo perforado que está nuestro sistema de representación política. Ante la proliferación y consolidación de los llamados “partidos/emprendimientos” –es decir, organizaciones que responden al interés particular del fundador y/o de la camarilla que las controla (y que casi siempre apunta a uno o varios rubros de negocio)–, es entendible que otros pretendan lo mismo.
El tema es cuando ese interés es expresión de informalidad o ilegalidad. En este y algunos períodos parlamentarios anteriores hemos visto, por ejemplo, el lobby abierto de los representantes de las universidades que buscan evitar la supervisión de la Sunedu al grado de lograr debilitar a esta última. Existe también un bloque magisterial cuyo eje de acción es alejar el control y sanción contra los profesores que no cumplen con los estándares mínimos de capacidad.
Digamos que, si los intereses de la ilegalidad e informalidad ya están instalados en el aparato del Estado, y siguiendo el ejemplo de Gremios & Peruanos por el Perú, ¿por qué no crear un partido de mineros informales o ilegales, de la industria maderera no controlada o del libre comercio transfronterizo para apuntalar “un poquito de contrabando”, como alguna vez sentenció algún candidato? O de los cocaleros, que, como bien sabemos, fueron en el caso de Bolivia el vehículo que catapultó a Evo Morales.
Pero, mirando el bosque, la teoría política clásica recomendaría la constitución de un Partido por la Ilegalidad o Informalidad del Perú (PIP), que aglutine toda forma antiestatal o antioficial de ejercicio del poder. Y, por supuesto, un líder que exprese tales intereses.
Si el ‘establishment’ no toma en cuenta la dinámica social y económica que tenemos en frente, lo anterior será mucho más que sorna y anécdota.