Ayer, martes, los limeños amanecimos de regreso a marzo del 2020, cuando el gobierno de Martín Vizcarra estableció, tras un mensaje a la Nación cuya motivación fue masivamente compartida, la cuarentena en todo el territorio. Luego, descubrimos que las medidas fueron exageradas y que no se podía inmovilizar a la informalidad, pero, en mayor o menor grado, el resto del mundo había hecho lo mismo. Muchos disentimos, pero comprendimos y tratamos de acatar la medida.
Esta vez, hubo más desconcierto y ánimo de desacato. Se confirmó la percepción de que el Ejecutivo ha caído en las peores manos posibles y desde el fondo de su incapacidad ha emergido el abuso. El equipo de Pedro Castillo, sin cohesión y en constante reestructuración, se dejó envolver por informes de inteligencia que corren paralelos a rumores y ‘fake news’ sobre saqueos y violencia urbana. Pero, aun si esos reportes fueran certeros, ¿se justificaba una medida tan extrema? La Defensoría del Pueblo ha planteado un hábeas corpus contra ella, la ONG Transparencia comunicó su rechazo y el Congreso sesionó con el presidente como invitado, coronando el absurdo con el espectáculo de dos poderes movilizados en su desconcierto (mala noticia adicional: en la oposición también hay fans de los informes de inteligencia).
Quiero destacar el miedo a la calle como detonante de una decisión autoritaria. Con la pretensión de inmovilizar Lima –como si se pudiera focalizar y contener a una metrópoli informal–, el presidente Castillo confirma una vocación de autoritarismo papanatas, de ese que se deja llevar por los arcanos de una ‘inteligencia’ sobrevalorada y no por la evaluación de sus áreas de prevención de conflictos.
Antaño, hemos visto a políticos mistificar esa ‘inteligencia’ que no mide impactos y responsabilidades políticas, sino que se encandila por medidas represivas. Durante el decenio de Alberto Fujimori fue escuela de intriga y manipulación política. Ello no ha sido extirpado. No me extraña que Castillo caiga en sus redes, pues en las últimas semanas nos hemos enterado de que en su entorno han ingresado recomendados de experiencia militar y policial. Pero sí me extraña que el Consejo de Ministros haya aprobado la medida sin oponer la resistencia debida. Al menos hasta el cierre de estas líneas no ha trascendido que algunos ministros se hayan opuesto, en el debate interno, al contenido del mensaje a la Nación.
De cómo se puede ser incapaz, miedoso y autoritario a la vez ya profundizarán los científicos sociales. Sin embargo, por ahora, el presidente tiene que reaccionar proactivamente a las demandas de la población, sin satanizar la protesta con sus reportes alarmistas, y negociar acuerdos mínimos con la misma oposición que lo quiere vacar y que ya tiene una razón más para hacerlo.