Sobre la reforma política propuesta por el Gobierno hoy sabemos gracias a lo publicado en los medios de comunicación y la opinión de expertos en la materia que hay mucho por aclarar, perfeccionar y descartar. Es decir, que dista mucho de estar lista para un referéndum en dos o cuatro meses como proponen los principales voceros del Ejecutivo. De ahí que la pregunta no sea si la iniciativa es o no buena, sino cómo harán los actores políticos para aterrizarla, ahora que el grueso de la ciudadanía se siente identificada –y muy expectante– con lo que pueda suceder, por ejemplo, respecto de la reelección parlamentaria.
Hemos escrito aquí que nos parece una mala idea prohibir la reelección inmediata de congresistas, pues ella no es la raíz del problema de idoneidad y representación política que aqueja al Parlamento. Sin embargo, también es cierto que se trata de la propuesta más popular del paquete y que no habrá vuelta atrás sobre los alcances de la palabra ‘reforma’. Así, y tras algunos jaloneos internos, el principal partido de oposición –es decir, Fuerza Popular– entendió que le toca participar activamente del proceso. Hasta ahí, Martín Vizcarra ganó la partida: el presidente creó una fortaleza donde todo era debilidad para él. Conseguido el objetivo, le toca ser responsable del desarrollo de sus propuestas: acelerar el paso presionando a la mayoría es el camino más seguro para que este esfuerzo naufrague.
Y es que no hay nada que moleste más al que piensa que está ganando el partido (rumbo al 2021) que obligarlo a jugar para agradar a la tribuna. Eso es lo que está haciendo el Ejecutivo con Fuerza Popular anticipando fechas para un referéndum. Vizcarra, su primer ministro César Villanueva y sus voceros en el Congreso necesitan atenuar sus revoluciones y abrir un debate a fondo evaluando cambios realmente necesarios (¿bicameralidad? ¿voto preferencial? ¿50 distritos binominales a nivel nacional? ¿renovación del Legislativo por mitades o tercios?). Las preguntas son muchas y requieren una amplia discusión pública, así como esfuerzos de democracia interna que muchos partidos se resisten a aceptar. La solución no es tan simple como para votarla en dos o cuatro meses.
Se necesita cabeza fría y transparencia en la negociación. Un nuevo fracaso perjudicaría seriamente al Gobierno y al keikismo. A este último no le ha quedado más remedio que abrirse al cambio (veremos hasta dónde llega), pero Vizcarra deberá administrar el apoyo popular recibido actuando con mayor efectividad en sus tareas de gobierno y de lucha anticorrupción. Pactar un cronograma que arribe a propuestas sensatas y atractivas para la población en un lapso de 6 a 8 meses sería un primer paso.