La elección del próximo 17 de diciembre será la quinta a la que acudirán los chilenos para tratar de definir su nueva Constitución. La quinta desde aquel estallido social del 2019 que reclamaba cambios estructurales en el país, los que se plasmaron en la supuesta necesidad de elaborar una nueva Carta Magna que reemplazara a aquella promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El reclamo que nació en las calles se evidenció en el primer plebiscito que, por abrumadora mayoría, determinó que se debía cambiar aquella Constitución, pero que hasta ahora no se materializa y, es casi seguro, tampoco se concretará (otra vez).
Las idas y venidas para lograr un nuevo texto constitucional han hastiado a la población. Y no es para menos cuando todo el proceso –entre el primero y el actual– viene costando nada menos que US$85 millones, según datos oficiales y de medios chilenos, y las propuestas presentadas simplemente no han convencido.
El primer proyecto de Constitución fue rechazado por más del 60% de los votantes. Fue un texto altamente ideologizado y elaborado por independientes, si bien elegidos democráticamente, que viraron demasiado a la izquierda y que ni siquiera generó consenso entre los sectores moderados y de centroizquierda. Fue el más contundente cachetazo para el gobierno de Gabriel Boric, quien había bregado desde hace años por el cambio constitucional.
Este año la historia está cerca de repetirse, pero desde la otra orilla. El segundo texto ha sido elaborado por una mayoría de ultraconservadores que vuelven a cometer el mismo error: usar la Constitución como un programa de gobierno y no como un texto macro y estructural. Por ello, las encuestas ya adelantan un triunfo del rechazo en el plebiscito de diciembre. Según la consultora Cadem, el 50% votará en contra, mientras que el 32% sí la aprobaría, en medio de una elevada apatía e indiferencia.
Si el reclamo general de los chilenos era cambiar la Constitución para dejar atrás el pasado pinochetista y volver a empezar con una Carta Magna renovada y acorde al siglo XXI, ¿por qué no se llega a un consenso? Las expectativas puestas fueron demasiado altas, teniendo en cuenta que los pedidos de cambio eran concretos con respecto a terminar la desi-gualdad y acceder a más oportunidades. Aunque un nuevo texto no era necesariamente el instrumento para ello, pudo serlo si la clase política –de derecha e izquierda– no hubiese reinterpretado los pedidos de la gente ni aprovechado el proceso constitucional para sus propios intereses.
Las cartas parecen estar echadas –a menos que la tendencia cambie dramáticamente en las siguientes dos semanas– y el presidente Boric recibirá un nuevo cachetazo: tener que preferir, validar y convivir con la Constitución que tanto rechazó.
Lima
