Su defensa legal ha solicitado una excepción de naturaleza de acción a pocos día de que venza la prisión preventiva contra Adrián Villar.

La Sala Penal de Apelaciones detectó datos inventados por una “alucinación” de la tecnología, dejando sin efecto la condena de 14 años contra Juan Bautista Ramos y ordenó realizar un nuevo juicio.

El sentenciado también pagará una reparación civil de S/5,000 a favor de la menor agraviada tras la acusación fiscal.

Las autoridades recopilarán los videos del establecimiento, citarán a testigos y realizarán pericias psicológicas tras la denuncia por expresiones homofóbicas.

La DIRIS Lima Centro adjudicó a Grupo Empresarial SVEN un contrato de vigilancia por S/2,8 millones y 79 días, cuestionado por los vínculos previos entre las empresas cotizantes y el mayor costo diario. Ahora, el SEACE muestra un archivo ilegible en lugar de la resolución de aprobación del procedimiento. Ahora, el Comercio constató la ausencia de agentes en la sede administrativa y otros locales de salud.

El Comercio constató la ausencia de agentes en la sede administrativa y otros locales de salud. La entidad adjudicó S/2,8 millones a Grupo Empresarial SVEN por 79 días, pese a vínculos previos entre las empresas cotizantes y un mayor costo diario.

La entidad otorgó la buena pro a Grupo Empresarial SVEN S.A.C. para brindar vigilancia durante 79 días por S/2,77 millones. La contratación directa se realizó pese a que las tres empresas consultadas mantenían vínculos comerciales previos y a que la tarifa diaria supera en 5,4% la del contrato anterior.

Según la Fiscalía, los investigados habrían atacado la miniván para amedrentar a un conductor de transporte informal por el presunto incumplimiento del pago de cupos. La víctima falleció dentro del vehículo.

La justicia de Bélgica requiere a la procesada por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia en el marco de una investigación transnacional.

La entidad eligió a Grupo Empresarial SVEN S.A.C. para brindar seguridad durante 79 días por S/ 2.77 millones mediante una contratación directa por desabastecimiento inminente. Documentos revisados por El Comercio revelan relaciones comerciales previas entre las tres empresas utilizadas para cotizar el servicio, además de un incremento de 5.4% en la tarifa diaria frente al contrato anterior.

El Tercer Juzgado de Familia de Lima reprogramó la sesión tras escuchar a los padres de la víctima y a los peritos médicos.

La medida alcanza al sicario confeso Luis Obispo Díaz y al presunto financista Ronald Toro Ardila por sicariato y lesiones graves contra Susy Aponte y otras víctimas.

Jorge Petrozzi, abogado de la víctima, señaló que seis adolescentes cumplen cuatro meses de internamiento preventivo y que otros cuatro alumnos permanecen como testigos. También explicó la situación legal de los adultos vinculados al caso y las medidas de protección dictadas para el escolar.

La presentadora de televisión fue declarada responsable por delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada.

Todos ellos deberán cumplir esta medida cautelar en el penal El Milagro de Trujillo mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público.

Jhonsson Smith Cruz Torres, quien fue detenido en Bolivia, viene siendo investigado por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado.

Los menores de edad del quinto año de secundaria del centro educativo han sido denunciados por el hecho ocurrido en San Borja el último 15 de setiembre.

El juez fijó para el 18 de setiembre la reanudación de la sesión virtual tras el pedido de un abogado para conversar con el nuevo detenido.

Joyce Renato Bereche Maco también es señalado por la Fiscalía como el encargado de haber alquilado la propiedad donde mantuvieron cautivo al empresario minero

El juez Eduardo Medina postergó la evaluación de prisión preventiva contra la banda Los Pulpos para incorporar al detenido Joyce Bereche en el proceso.

La acusación fiscal, que pide 36 meses de prisión preventiva contra el presunto líder de Los Pulpos y otros nueve detenidos, revelaría la red de búnkeres que utilizaban para retener a sus víctimas

La fiscalía expuso las grabaciones obtenidas en celulares de la banda Los Pulpos durante la audiencia de prisión preventiva por el secuestro del empresario.

La jueza Luzmery López dicta nueve meses de reclusión para el investigado por los delitos de feminicidio y parricidio cometidos contra su familia.

La entidad sostiene que los pagos realizados bajo el régimen anterior fueron válidos y que el reajuste no tendría efecto retroactivo. Expertos consultados por El Comercio discrepan sobre si debería existir una compensación para quienes ya cancelaron las sanciones más altas.

El Primer Juzgado Penal Colegiado de Lima Este también condenó a otros cuatro implicados en el ataque a penas de entre 15 y 16 años de prisión.

DIRIS Lima Norte resolvió el contrato con Optimus Security, cuyos trabajadores protestaron y bloquearon hoy accesos de la entidad. La empresa forma parte de un grupo que ha obtenido más de S/209 millones en contratos de seguridad con la DIRIS, pese a presuntas irregularidades y deficiencias advertidas por la Contraloría. En paralelo, audios muestran al dirigente sindical Miguel Ángel Puma organizando acciones de presión ante la falta de vigilancia.

En el candelero. El presunto líder de la banda trujillana Los Pulpos fingió su muerte, usó diversos nombres y vive a salto de mata, prófugo a pesar de que la PNP promete pagar S/. 500 mil por su cabeza.

La comuna sostiene que el complejo ubicado en la playa Las Cascadas se encuentra sobre un área con zonificación de servicios y que las construcciones no cuentan con autorización. Empresarios habían denunciado un supuesto intento de demolición durante la madrugada del sábado y alegan resoluciones judiciales a favor de la reapertura. La municipalidad niega haber realizado un operativo y afirma que espera garantías policiales para ejecutar el procedimiento administrativo.

La decisión judicial anula tanto la condena a cuatro años de prisión como las órdenes de captura contra Alan Azizollahoff Gate

El tribunal ordenó anular las órdenes de captura nacionales e internacionales y restituir la libertad de tránsito del empresario sentenciado en el 2014.

El Poder Judicial también sentenció a César Acosta por el desembolso ilegal de fondos públicos destinados a la remodelación de una compañía de bomberos en Villa María del Triunfo en el 2011

El dueño de la agrupación es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, en agravio del Estado.

Una orden judicial busca destrabar el Decreto Legislativo 1568, aprobado en el 2023 para combatir la morosidad en las cuotas de mantenimiento, exigir rendición de cuentas a las directivas y normar el uso de áreas compartidas

Cuentas pendientes. Cinco autoridades locales acumulan casos por enriquecimiento ilícito, peculado, negociación incompatible y otros. Expedientes siguen abiertos.

El investigado resultó herido de bala por su propia víctima, un empresario que utilizó su arma para repeler el robo el pasado 4 de agosto en el que falleció el segundo hampón.

La investigación preliminar comprende la toma de declaraciones, el análisis de registros fílmicos y otras diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

Además a Rodysnimel Alcántara Brito, alias ‘Rody’; y José Zorrilla Velásquez, alias ‘Rafa’, quienes cumplieron una condena de ocho años en Perú por los delitos de tenencia ilegal de armas y contra la tranquilidad y la salud públicas.

El Tribunal Constitucional declaró parcialmente fundada una demanda de hábeas corpus y dispuso que el Poder Judicial emita una nueva resolución sobre la solicitud del beneficio penitenciario.

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas declaró irrazonables las restricciones a la venta de alcohol y al funcionamiento de discotecas impuestas por la Municipalidad de Lima por falta de sustento técnico. Aunque la comuna anunció una demanda, especialistas señalan que el fallo no elimina sus competencias, sino que exige justificar futuras restricciones.

El suboficial PNP Luis Nazario Chumbes es acusado por el delito de homicidio culposo. Su defensa argumenta un disparo accidental y familiares del niño denuncian un uso desproporcionado de la fuerza.

El Ministerio Público solicitó medidas de protección para las dos adolescentes de 15 y 16 años, quienes también pasarán una evaluación anticipada en cámara Gesell.

La medida también alcanza a su esposa, Elionora Yntusca Janampa. Ambos son investigados por la fiscalía por el presunto delito de abuso de autoridad y otros.

Durante casi una década, un mismo grupo de empresas obtuvo los principales contratos de vigilancia del Hospital Nacional Dos de Mayo por montos que superan los S/40 millones. Documentos revisados por El Comercio, sumados a testimonios de altos funcionarios del establecimiento, señalan una presunta injerencia de personal del sindicato y otros actores en la elección de proveedores.

Los investigados habrían vulnerado sistemas informáticos de una municipalidad en Chincha para transferir ilícitamente S/ 9.9 millones a cuentas particulares.

Padres de familia denuncian haber sido perjudicados tras contratar los servicios de la agencia “Nanas Eficientes Perú” para la búsqueda y reemplazo de una trabajadora del hogar. Según testimonios, la empresa les solicitó pagos adicionales para concretar el envío de una nueva candidata, sin embargo, esta nunca llegó a incorporarse. Además, cuestionan que la agencia ofreciera evaluaciones psicológicas a las postulantes que, según dos trabajadoras con las que conversaron, nunca se habrían realizado.

El Poder Judicial también dispuso la inhabilitación temporal al exjefe policial para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación económica en agravio del Estado.

Mientras las agrupaciones políticas inician las campañas para los comicios locales y regionales, Comas, Lima Provincias y un distrito de Áncash despiden el periodo con sus titulares prófugos y condenados por corrupción.

La Corte Superior desestimó el recurso de apelación y confirmó la pena de más de seis años de prisión efectiva en el Penal de Chorrillos.