Las autoridades peruanas que cierran el ciclo político desde la clandestinidad

Tras estas inhabilitaciones, las comunas y la región pasaron a ser conducidas por vicegobernadores y regidores interinos, mientras los titulares procesados pasaban a la clandestinidad.

Ante la fuga de estas exautoridades, la Dirección de la Policía Judicial activaron los protocolos de búsqueda y captura a nivel nacional

El primer caso de este quiebre institucional se registró en el norte. El exalcalde Alex Guillén Pineda enfrenta una orden de 18 meses de prisión preventiva por el delito de colusión agravada.

El Ministerio Público detectó un perjuicio económico de más de S/ 172 mil soles mediante el cobro de valorizaciones irregulares y simulaciones de servicios en el proyecto de agua para riego en Cajamarquilla, el cual incluyó contratos de vehículos vinculados a su entorno familiar.

A este expediente se sumó Lima Norte, donde la Sala de Apelaciones ratificó la condena de 6 años de prisión contra Ulises Villegas Rojas por el mismo delito de colusión agravada.

Al exalcalde de Comas se le halló responsabilidad directa por pactar la entrega incompleta y sobrevalorada de una obra de mejoramiento vial de la prolongación Santa Rosa cuando operaba en el municipio de Independencia. Por este desfalco a los recursos públicos de la comuna, el fallo judicial le impuso el pago solidario de una reparación civil de S/ 50, 000 a favor del Estado Peruano.

El expediente de mayor envergadura penal involucra a la exgobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado. El Poder Judicial confirmó en segunda instancia una condena de 9 años de prisión efectiva en su contra por los delitos de peculado doloso agravado y falsificación de documentos.

Las auditorías penales comprobaron que la exautoridad lideró un esquema de apropiación sistemática de caudales públicos que superan el millón de soles, simulando contratos de servicios fantasmas durante su pasada gestión como alcaldesa provincial de Huarochirí. La resolución judicial incluye, además una inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el aparato estatal y la reparación civil de S/ 1’900,000.

Esta estrategia de evasión para eludir el internamiento penal repite un patrón delictivo visto en figuras como el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, quien arrastra más de dos años en la clandestinidad evadiendo a la justicia por corrupción.

Según advierte la experta en temas municipales, la abogada Silvia Guevara, esta figura responde a una práctica recurrente y deliberada desde las elecciones: “Se genera la interrupción de la gobernabilidad, se ve mellada. Estas cuestiones son irresponsabilidades de los mismos candidatos, ellos muchas veces saben que cabe la posibilidad de que sean vacados y lo que hacen es tratar de alargar lo más que puedan sus procesos para poder ser candidatos”.

Esta secuencia de suspensiones golpea el corazón administrativo de las comunas generando retrasos que perjudican a la ciudadanía.

Sobre el impacto real en las licitaciones de las obras públicas, Guevara aclara que, aunque formalmente la prestación de servicios no se detiene, la realidad en los despachos es crítica: “En la práctica sí afecta porque en el interín en que se formalice la vacancia, muchas veces los funcionarios no quieren asumir responsabilidades porque las licitaciones no las firma el alcalde directamente”.

En el caso de presentarse una figura como el caso de Vladimir Cerrón quien postuló en las últimas elecciones presidencial la experta señaló que ‘una orden de captura no configura por sí sola un impedimento para postular, por eso inclusive en el caso de Cerrón, él está prófugo y fue candidato a la presidencia de la República’. indicó

Resaltó que los ciudadanos tienen un gran oferta de candidatos, pero que no tiene el tiempo suficiente para discernir cuál candidato es más idóneo que otro.

Según los registros de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el 2025 76 alcaldes provinciales y distritales fueron condenados en primera instancia por delitos contra la administración pública.

Los expedientes detallan que la mayoría de estas sentencias se concentraron en las regiones de Ancash, Arequipa y Madre de Dios.