Raúl Barrios, nuevo presidente de la CCL: “No podemos tocar el capítulo económico [de la Constitución]”

Raúl Barrios, empresario y abogado de profesión, asumió la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para el período 2026-2027 este martes 28 de abril. En su primera entrevista, Barrios remarca que la CCL será aún más activa en advertir sobre los problemas que se presenten desde el sector público, así como en reconocer las buenas iniciativas que el Estado impulse.

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- Desde la CCL tienen una proyección de crecimiento de 3,1% para este 2026. ¿En qué se sostiene esta cifra? ¿Creen que se puede alcanzar esta meta?

Yo pienso que sí. Es más, deberíamos estar creciendo mucho más. Si comparamos con el segundo gobierno de Alan García, hoy los precios de las materias primas están mucho más altos. En ese momento crecíamos al 7%; en el 2008 incluso estábamos en 9,8%. Luego vino la crisis financiera en Europa y caímos en 2009 a 1%, pero inmediatamente en 2010 ya estábamos en 6,5%. Definitivamente podemos llegar a un crecimiento por encima de 3%, y deberíamos estar por encima de 5%. Lamentablemente, esta inestabilidad política sí afecta. En los últimos años hemos aprendido que la economía va por un lado y la política por otro, pero igual nos termina afectando.

- Sobre todo en las decisiones de largo plazo.

Sí. El problema que tenemos es muy simple: si cambiamos de ministros cada dos o tres meses, los ministerios se paralizan, porque cambian al viceministro, el viceministro cambia al secretario general del ministerio y cambian, también, los asesores. Entonces, todos los proyectos que están en ejecución, principalmente los de grandes inversiones, se detienen. Hay que empezar otra vez, y además cada funcionario que llega tiene otra manera de trabajar.

- ¿Usted ve una salida próxima de ese estado de avance lento o hasta parálisis en un contexto en el que, potencialmente, el próximo gobierno seguirá enfrentando desafíos para gobernar; dependiendo, también, de la composición de las cámaras del Senado y Diputados?

Yo creo que el Congreso va a estar un poco mejor –ojalá tengamos suerte–, porque no va a haber tantos partidos. Es importante tener en cuenta que hoy el presidente ya no puede cerrar el Senado, solo puede disolver la Cámara de Diputados. El Senado va a tener una fuerza mayor. Y algo que me preocupa mucho es que nadie dice que se ha perjudicado la composición del Senado y de Diputados a raíz de ese millón de personas que fueron afectadas en Lima y que no pudieron votar. Los partidos grandes –Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú– ya pasaron la valla. Pero los que vienen debajo se han visto afectados. Yo estoy seguro, por ejemplo, de que Nieto ha perdido un senador o un diputado por la gente que no votó. [...] Lo que ha pasado es sumamente grave y no se está dimensionando.

Me preocupa mucho la composición del Senado, porque va a ser el que tenga el control del país. Las leyes que presente la Cámara de Diputados al Senado pueden ser archivadas, modificadas o publicadas como el Senado quiera. Va a tener un poder muy fuerte.

- Desde la CCL cuestionaron a la ONPE por las fallas logísticas y tecnológicas que impactaron a diversos votantes en Lima el pasado 12 de abril. ¿Cómo evalúan ahora lo acontecido?

En el Perú prima la Constitución y, a partir de ella, vienen las leyes. Pero la ley electoral no previó el fraude que ha habido ahora, porque sí ha habido una manipulación. Si la diferencia entre el tercero y el segundo fuera de 200 mil votos lo que pasó en Lima no tendría importancia. Pero con un millón de personas que no han votado…

- ¿Sí considera que es un escenario al que se puede llamar fraude?

Sí, yo considero que sí ha habido fraude porque no se puede ser tan incapaz. Antes el Ejército se encargaba del proceso. El Ejército llegaba el día anterior, el sábado, y los soldados dormían en los colegios. Tú llegabas a votar a las 7 de la mañana y estaba todo listo. Lo único que podía retrasar una elección era que los titulares no llegaran y los suplentes no quisieran asumir. Entonces, el señor Corvetto debió tener un plan B: tener a todos los camiones del Ejército listos, con sus choferes, por si no llegaban los de las empresas que habían contratado. Pero no había plan B. Y ahora, con las grabaciones que han salido, sabemos que los 35 camiones estaban a las 12 de la noche del sábado y no les daban el material o no había personal. Nadie puede ser tan incapaz como para que en cinco años no se pueda preparar para un solo día.

La Constitución dice que todos tienen derecho a votar y aquí se ha limitado ese derecho. Yo pienso que, en las mesas que no se abrieron a las 9 de la mañana –porque yo tuve ese problema y lo vi— debió haber una solución. [...] Yo considero que donde las actas desaparecieron o no llegaron, debió haberse permitido que se habiliten elecciones complementarias.

- Regreso a mi pregunta anterior, porque diversos especialistas apuntan que este escenario no debe llamarse “fraude” y que lo ocurrido responde, más bien, a irregularidades logísticas. ¿Aun así usted lo considera fraude?

El señor [Roberto] Burneo declaró en el Congreso que tenían fiscalizadores que ya veían estos problemas, y se lo decían a la ONPE. Le dijeron al señor Corvetto que tenía que probar las impresoras y las computadoras, y no lo hizo. ¿Eso qué es? Para mí ya es dolo, porque él tenía que asegurarse. Y si el Jurado Nacional de Elecciones sugirió que se vuelva al sistema antiguo, manual, por los problemas con las impresoras, y eso no se hizo, entonces ya no es solo negligencia. [...] Para mí esto es doloso; por eso hablo de fraude, y hay que decir las cosas como son. No hay que tener miedo a decir las cosas: esto es fraude.

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- A principios de año, pese a ser un año electoral, se mantenía el optimismo a nivel empresarial. En medio de la incertidumbre vigente por la segunda vuelta, ¿cómo evalúa el sentimiento actual de los empresarios?

Cuando hay un proceso electoral, definitivamente los empresarios hacen reevaluaciones. Desde el año pasado ya empezaron a frenar inversiones. Esto va a generar problemas. Como CCL apuntamos a buscar más inversiones. Estamos poniendo en conocimiento de los asociados todos los convenios que tiene el Perú. En comercio exterior, nuestra Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior han hecho un trabajo excepcional. Tenemos más de 43 acuerdos comerciales y debemos aprovecharlos. Queremos decirles a nuestros asociados: “Mira, tienes oportunidades aquí”. Tenemos oportunidades, por ejemplo, con Ecuador, ya que Colombia está perdiendo ese mercado por los problemas que ambos países sostienen.

Yo quería empezar una campaña para que el sector privado trabaje más de la mano con el sector público. Pero se ha creado un clima en el que al privado lo ven como el enemigo. Con el tema Odebrecht y otros juicios, ya no nos podemos acercar a ayudar al gobierno.

- Existen, en efecto, dificultades para impulsar asociaciones público-privadas de gran envergadura. No obstante, ¿cómo ven el avance con otro tipo de esquemas, como Obras por Impuestos (OxI)?

Hoy con OxI estamos haciendo una cantidad de obras en el país que no se imaginan. Estamos trabajando callados, pero avanzando, porque este mecanismo tiene una gran virtud: el privado pone la plata y, por lo tanto, se asegura de que la obra se termine.

- ¿Son inversiones más pequeñas?

No necesariamente. Estamos viendo una carretera para Arequipa de unos S/300 millones. Hoy ya se han abierto espacios para proyectos grandes. Al inicio fue muy duro, porque no se conocía el mecanismo, había mucho descontento, y los que sufrieron fueron el BCP, Interbank, Telefónica, que fueron los primeros que entraron al mecanismo. Pero esto ya está caminando; ProInversión ha hecho un buen trabajo.

- Así como están avanzando ahora las obras por impuestos, ¿creen que se pueda recuperar el dinamismo en las Asociaciones Público-Privadas (APP)?

Es que tenemos un problema que se llama Contraloría. Antes la Contraloría entraba a fiscalizar cuando ya se había terminado la obra. Si encontrabas corrupción, había que meter presos a los responsables. Pero hoy puede entrar en cualquier etapa de la obra, y ese es el error que se ha cometido. A veces mandan a una persona que no tiene mayor capacidad y que opina u observa el expediente técnico hecho por un especialista. ¿Qué puede saber la Contraloría de construir un puente? Nada. Pero van y no solo observan: recomiendan que el procurador inicie un proceso penal. Entonces, tenemos empresas que ya no quieren trabajar con el Estado. Solo entran a obras por impuestos y a acuerdos de gobierno a gobierno —la Carretera Central, los hospitales que ven los británicos, o la Reconstrucción con Cambios, que maneja la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)—. Hoy, si ves una licitación para hacer una carretera que saca el Ministerio de Transportes, no vas a ver empresas de prestigio.

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- ¿Es imperante, en su opinión, que cambien los procesos de Contraloría?

Sí, y te pongo un ejemplo. Conozco una empresa en la que intervino un funcionario de la Contraloría y la obra se paralizó. Cuando se reinició, el contratista presentó todas sus facturas declaradas ante la Sunat. La Contraloría dijo que no correspondía pagarle al estudio de abogados ni al notario que participó en la conciliación. Observaron S/900 mil, para ese funcionario de Contraloría, eso era corrupción. El resultado: están denunciados todos los funcionarios de la entidad, todos los miembros de la empresa supervisora y los dos representantes legales del contratista. Pero ese señor no sabe que todos los pagos durante la ejecución son pagos a cuenta; recién en la liquidación se determina lo que va o no va.

El contratista resolvió el contrato y dijo: “No va más”. Se trataba de un hospital que no se ha terminado todavía en el Perú. Eso ha hecho la Contraloría. [...] Si ves la cantidad de obras paradas —serían unas 2.000 a nivel nacional— yo te aseguro, sin temor a equivocarme, que el 70% se paralizó por informes de la Contraloría. El funcionario ya no quiere firmar. Si yo fuera funcionario público, tampoco firmaría.

- ¿Eso motiva a que se opte principalmente por esquemas de gobierno a gobierno?

Sí, porque en acuerdos de gobierno a gobierno tienes a un francés, inglés, japonés o coreano firmando como ingeniero extranjero, y recién al costado firma el peruano. Para denunciar eso tienes que ir a través de la Cancillería. El funcionario local tiene tranquilidad, porque quien lidera el acuerdo es el otro gobierno. Y esas obras sí se terminan. Ese es el problema que tenemos. La Contraloría tiene mucho poder y está paralizando empresas y proyectos.

- ¿Qué acciones consideran que se deben concretar en el corto plazo para mejorar este panorama?

Estamos esperando que terminen algunos temas de coyuntura, porque vamos a empezar a denunciar a ciertos funcionarios de la Contraloría. El caso del que te hablé es de una empresa y data desde el 2019, y todavía no termina el proceso. Cuando termine, vamos a ir contra la Contraloría; vamos a empezar a denunciar, porque si no empezamos a poner las cosas claras nadie va a querer trabajar con el Estado.

- ¿Qué más se puede hacer para mejorar el funcionamiento de las APP?

No es posible que las Asociaciones Público-Privadas demoren ocho años en trámites administrativos para una obra que construyes en dos años. Por eso, la modificación que se ha hecho a la norma de APP, en ese sentido, es muy buena. Se le han puesto plazos a los ministerios: si es una obra autofinanciada en la que el Estado no pone ni un centavo, ¿por qué el informe del Ministerio de Economía era vinculante? Hoy, el informe del MEF ya no es vinculante en esos casos. Antes sí lo era. Tenías proyectos en los que intervienen cuatro ministerios… mejor ni empezar.

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- Se requieren mayores simplificaciones.

Eso es justamente en lo que queremos trabajar: hay que simplificar. Por eso digo que hablar de izquierda y derecha ya no tiene sentido. Tenemos que hablar de generar inversión y empleo. Lo demás ya no interesa. Si generas inversión y empleo, sacas a la gente de la pobreza y el Estado tendrá dinero para hacer obras.

Otro problema es la regionalización, que está muy mal planteada. Nosotros, como Cámara de Comercio, pedimos que la ANIN pudiera administrar contratos desde S/5 millones, porque la ANIN solo puede ver contratos de S/200 millones. La ANIN debería estar para ayudar a un alcalde a impulsar una obra de S/3 millones, que a veces le cuesta impulsar a las autoridades locales. El Ministerio de Educación no debe construir escuelas, y el Ministerio de Transportes no debe construir carreteras. Debería haber una sola entidad —la ANIN— que administre todo lo que es infraestructura y construcción. Así reduces la corrupción.

- Desde la CCL han planteado que la ANIN sea una unidad especializada para impulsar obras. ¿Han tenido conversaciones con el Estado sobre esta propuesta?

El año pasado tuvimos un problema. Le dieron S/3.000 millones a la ANIN para la reconstrucción del norte y realmente necesitaban S/6.000 millones. Dinero había, pero no se lo dieron. En mayo, la ejecución presupuestal de la ANIN estaba en 89%. Por eso se pararon todas las obras en agosto. Ninguna entidad del Estado, ningún ministerio ni alcaldía llega a esos niveles; con las justas llegan al 80% en diciembre, y eso porque se ponen a gastar el presupuesto al final. Nosotros, como Cámara de Comercio de Lima, inicialmente nos opusimos a que se creara la ANIN. Dijimos: “Otra entidad del Estado que no va a ver toda la infraestructura”. Pero nos explicaron que iba a ver toda la infraestructura del país y ahí dijimos: “Si se va a especializar, estamos de acuerdo”. Y han sido sumamente eficientes.

- A inicios del año alertaron que el presupuesto de la ANIN era limitado. ¿Cuánto más debería tener este 2026?

El doble de lo que le han dado. ¿Estamos esperando que vuelva El Niño y muera gente? El año pasado le pedí al entonces ministro Raúl Pérez que le dieran a la ANIN más presupuesto, pues ya sabíamos que los gobiernos regionales no iban a ejecutar el 100% de lo que se les destina.

- ¿Y cuál fue su respuesta?

Que lo iban a ver. Y ahí quedó. El problema es que esas son obras que necesitamos para que no muera gente en el norte. Son todas las obras ribereñas en los ríos para que no se repitan las inundaciones.

Segunda vuelta presidencial

- Los candidatos Rafael López Aliaga o Roberto Sánchez podrían pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Tanto Sánchez como su círculo cercano han planteado que, de llegar al poder, buscarán cambiar la Constitución y, en particular, el capítulo económico, así como impulsar una Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Legalmente que haya una Asamblea Constituyente es prácticamente imposible. Pero cuando salió el señor Castillo, según cifras del Banco Central de Reserva, se fueron US$25.000 millones del Perú. Si sale este señor [Sánchez], va a volver a pasar algo similar y el país se va a paralizar. Mira lo que hizo el presidente [José María Balcázar] con respecto al compromiso con Estados Unidos para la compra de aviones F-16. Los peruanos somos de palabra, y este proceso que quiso parar este presidente viene desde antes de Pedro Castillo, incluso desde antes de PPK.

Estamos esperando un terremoto de 9 grados. Cuando ocurra, ¿quién va a salir a ayudarnos? El Ejército y la Fuerza Aérea. Y para ello requieren de equipamiento moderno. [...] Me pareció irresponsable que [Balcázar] saliera a justificar su decisión en que él está en un gobierno de transición, porque un gobierno de transición debe seguir lo que tiene. Además, la firma era un protocolo: ya estaba todo hecho.

- Finalmente se concretó la firma del contrato con EE.UU., pero se dio en medio de la renuncia del Canciller y del ministro de Defensa, quienes acusaron al presidente de mentirle a la Nación. ¿Cree que el presidente puso en riesgo la imagen del país?

La imagen del país ha sido dañada, en efecto, pues hemos exhibido la falta de autoridad que nos agobia desde hace varios años. Una adquisición trabajada con anticipación, con compromisos internacionales y que podría haber sido vista como un paso hacia adelante en materia de seguridad y relacionamiento global, fue convertida en un acto de prioridades equivocadas. El presidente Balcázar ha querido politizar el tema sembrando en la opinión pública nacional e internacional la idea de que el Perú prefiere las armas a la educación; y eso no ha sido así. Sabemos que el presupuesto para la compra de los aviones había sido asegurado con anterioridad, al igual que el presupuesto para la cobertura de los servicios de educación y salud. Pero se quieren tapar las ineficiencias del Ejecutivo para ejecutar el gasto en educación y salud, y la ineficacia que se tiene para brindar esos servicios a la población, con la compra de los aviones. Es lamentable.

- Tras esta crisis, diversos congresistas han hecho llamados a una censura en contra de Balcázar. ¿Consideran desde la CCL que Balcázar debe mantenerse en el cargo?

La Cámara de Comercio de Lima considera que no debe quedarse en el cargo como consecuencia de que le mintió al país, situación que es sumamente grave. Debería renunciar, y si no lo hace será el Congreso quien deba tomar una decisión al respecto.

- Desde los diversos sectores que están agremiados a la CCL, ¿mantienen optimismo por impulsar inversiones en este panorama de inestabilidad política?

Lo que nos da estabilidad es el Banco Central de Reserva, que es 100% autónomo y que dirige Julio Velarde. Durante 17 años el BCR ha demostrado que funciona mejor que muchas empresas privadas: son sumamente eficientes. Así deberían ser todas las entidades del Estado peruano. Hoy, lo que nos da garantía es el capítulo económico de la Constitución y la estabilidad jurídica. Hay partidos, como el de Sánchez, que quieren eliminar el capítulo económico, y eso sí generaría un gran daño, porque nadie vendría a invertir al Perú. [...] Para que vengan todas estas inversiones necesitamos esa estabilidad jurídica. Por eso es tan importante el capítulo económico.

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- ¿Y confían en que se mantenga el capítulo económico, sin importar quién sea presidente?

El capítulo económico da mucha tranquilidad a los inversionistas. Si hay una modificación normativa que los favorezca, pueden acogerse, pero nunca se les puede aplicar una condición peor. Eso es lo que ha permitido estas inversiones tan grandes en el país. ¿Crees que los chinos hubieran venido a invertir en Chancay si no existiera el capítulo económico? No hubieran venido, porque no tendrían garantías de que no los van a expropiar. Por eso es importante esta Constitución. Puedes modificar otros capítulos, pero el capítulo económico no lo podemos tocar. Y muchos países nos envidian por eso.

- En las últimas semanas también hemos visto críticas de Roberto Sánchez y su partido hacia la labor del Banco Central de Reserva (BCR), con planteamientos de intervenir las reservas que el BCR tiene. ¿Confían en que la autonomía del BCR se sostenga, más allá de quién asuma la presidencia?

Hoy el Senado elige al defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los del Jurado Nacional de Elecciones y a los directores del Banco Central de Reserva. El presidente que venga ya no va a poder manejar esos nombramientos como antes. Acuérdate de que Castillo no quería ratificar a Julio Velarde; fue la presión nacional la que lo obligó a hacerlo.

- En un principio Sánchez habló en contra de Julio Velarde, y negó su ratificación. Recientemente su discurso cambió, diciendo que un eventual gobierno suyo va a respetar la autonomía del Banco Central y que buscarán reunirse con Velarde.

Pero, ¿quién le puede creer cuando ha amenazado a Julio Velarde? Está grabado: dijo que Velarde solo ha trabajado para los grandes inversionistas. Y ahora dice que ya no. Yo no le creo, y ya se está acomodando. Lamentablemente ese es uno de los problemas que tenemos en el Perú: la gente no tiene palabra. Mira lo que ha hecho el presidente [Balcázar] con la compra de aviones. Ese es el ejemplo que estamos dando. Por eso hay tanta desconfianza.

- Usted asume la presidencia de la CCL a partir de este 28 de abril. ¿Qué podemos esperar de su gestión?

Se ha maltratado mucho a los empresarios, porque hemos estado mucho tiempo callados. La Cámara ya no va a estar callada. Vamos a salir en prensa constantemente, cuando veamos que se perjudica a los trabajadores o a los inversionistas, porque además los trabajadores son parte de nuestras empresas. Vamos a ser más directos. Nosotros no somos amigos del gobierno, somos asesores. Y el asesor tiene que decirte las cosas como son. Si vemos que se están haciendo mal las cosas, lo diremos. Y también vamos a salir a felicitar cuando las cosas se hagan bien.