El próximo gobierno recibirá una economía en crecimiento

El próximo gobierno deberá preservar y fortalecer los pilares que han sostenido la economía en las últimas décadas, al mismo tiempo que avanza en las reformas pendientes. Ello bajo un contexto económico significativamente favorable. Sin embargo, algunos de los partidos que lideran las encuestas presentan propuestas que debilitarían el desarrollo económico, afectando los referidos pilares.

—Contexto favorable—

La nueva administración recibirá una economía que atraviesa un dinamismo importante. Durante el 2025, la inversión privada se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento, al registrar una expansión de dos dígitos por primera vez en 14 años, excluyendo el rebote pospandemia. Este dinamismo impulsó uno de los mayores avances del empleo formal privado en más de una década y un aumento de los ingresos. Según cálculos del IPE, la pobreza se reduciría en dos puntos porcentuales y cerraría el 2025 en alrededor de 25%.

Este desempeño se da en un contexto internacional favorable. En el 2025, los términos de intercambio alcanzaron su nivel más alto desde 1950, impulsados por el incremento en los precios de minerales como oro y cobre. Estas condiciones positivas se han mantenido y el BCR prevé que los términos de intercambio alcancen un nuevo máximo este año. Esto ocurre en un año electoral, período que suele moderar las decisiones de inversión y consumo del sector privado.

—Reformas pendientes—

La siguiente administración también recibirá un país con reformas estructurales pendientes, las que deberá impulsar para traducir el crecimiento económico en mayores oportunidades y bienestar. En particular, el mercado laboral y la seguridad ciudadana concentran dos de los principales desafíos.

En el frente laboral, si bien el empleo y los ingresos en Lima Metropolitana ya superan los niveles prepandemia, la recuperación ha sido desigual. El empleo juvenil, que incluye a los menores de 29 años, se ubica 14,5% por debajo del nivel prepandemia. A ello se suma una alta informalidad: tres de cada cinco jóvenes trabajan en condiciones informales, lo que limita su acceso a protección social, reduce su productividad y restringe sus ingresos futuros. Este rezago refleja problemas estructurales del mercado laboral, donde los elevados sobrecostos a la contratación formal desincentivan la generación de empleo de calidad. En este contexto, avanzar en una agenda de formalización requiere reducir estas barreras, especialmente para la inserción laboral de los jóvenes, y promover un entorno más competitivo que incentive la creación de empleo formal.

En paralelo, la inseguridad es un factor que afecta directamente la actividad económica y se ha consolidado como la principal preocupación. Esto en un contexto en que las denuncias por extorsión se multiplicaron por 10, marcado por el avance de las economías ilegales y redes criminales. La respuesta del Estado ha sido limitada por la falta de articulación entre las principales instituciones del sistema de seguridad, así como por brechas persistentes en recursos, infraestructura y capacidades operativas. Superar este problema exige no solo mayores recursos, sino, sobre todo, una estrategia integral que fortalezca la coordinación institucional, mejore la gestión y recupere la capacidad del Estado para garantizar la seguridad. Sin avances en este frente, los costos económicos y sociales de la criminalidad seguirán limitando el desarrollo del país.

—Propuestas riesgosas para el desarrollo—

El siguiente presidente tendrá como principal responsabilidad resguardar los pilares que permitieron un crecimiento económico sostenido, baja inflación y reducción de la pobreza en las últimas décadas. Ello incluye reglas claras para impulsar la inversión privada, la autonomía del BCR y el cumplimiento del rol subsidiario del Estado. En paralelo, deberá fortalecer los pilares que se han venido debilitando, como el manejo prudente de las cuentas fiscales y la solidez de las instituciones. Esto último implica, por ejemplo, impulsar políticas anticorrupción, garantizar la independencia del sistema de justicia y fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos. Sin embargo, entre los partidos que lideran la intención de voto se encuentran propuestas que afectan estos pilares claves para la competitividad y desarrollo del país.

Obras, Juntos por el Perú (JPP) y Ahora Nación plantean medidas que deteriorarán las condiciones para impulsar la inversión privada y proponen más bien una mayor participación del Estado en la economía. En particular, Obras y JPP se muestran a favor de convocar una asamblea constituyente, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de juego. A esto se suma que JPP y Ahora Nación se han pronunciado en contra de la reestructuración de Petro-Perú. Ello pese a que un potencial nuevo salvataje por alrededor de S/6.800 millones, según declaraciones del presidente Balcázar, elevaría el costo acumulado desde el 2013 del apoyo financiero a la empresa a más de S/32.000 millones.

También existen propuestas riesgosas para la estabilidad monetaria y la autonomía del BCR, que han sido esenciales para mantener una de las tasas de inflación más bajas y el tipo de cambio más estable en la región desde inicios de siglo. Los candidatos de Obras, JPP y Ahora Nación han cuestionado la autonomía del BCR y el marco constitucional, el cual prohíbe explícitamente que la entidad financie al Estado. Asimismo, el plan de gobierno de Renovación Popular indica que buscará un tipo de cambio favorable para la exportación. Ello involucraría el retorno a tipos de cambio diferenciados o, en el mejor de los casos, presiones para una intervención del BCR cada vez que el tipo de cambio baje. En ambos casos, atenta contra la independencia de la política monetaria.

En el frente fiscal, el Perú todavía se ubica en una posición relativamente sólida frente a la región, con niveles de déficit y deuda pública moderados. Sin embargo, esta fortaleza se ha venido erosionando en los últimos años y hoy constituye uno de los principales riesgos para la estabilidad macroeconómica; conviviendo con una recaudación tributaria estructuralmente baja.

Pese a este contexto, todos los planes de gobierno de los partidos que lideran las encuestas no solo omiten propuestas claras para corregir estos desequilibrios, sino que incluso los profundizan. En el caso de Obras, no presenta propuestas concretas, lo que impide determinar el nivel de riesgo. Estas propuestas resultan particularmente riesgosas a la luz de las advertencias del Consejo Fiscal, que ha señalado que la acumulación de iniciativas con impacto fiscal adverso elevaría la deuda pública del país hacia 70% del PBI en 2036 (32% en el 2025). Preocupan también las propuestas populistas, de corto plazo, de elevar la carga tributaria sobre sectores ya formales, como las que proponen los planes de JPP y Buen Gobierno. Sin abordar el problema de fondo –la baja base tributaria y los altos niveles de informalidad–, esas medidas solo restarán competitividad al sector formal, privilegiando a las economías informales e ilegales.

A un día de la primera vuelta electoral, resulta clave advertir los riesgos de las propuestas de los partidos que lideran las encuestas. En particular, iniciativas como la convocatoria a una asamblea constituyente, acabar con la autonomía del BCR o incrementar el gasto sin financiamiento erosionarán los pilares que han sostenido el desarrollo del país.