Lo más probable es que el Gabinete Adrianzén obtenga la mayoría de los votos cuando se presente ante el pleno del Congreso en los primeros días de abril y, por consiguiente, la investidura requerida. Las razones siguen siendo las mismas: solo una minoría quiere mover más este bote inestable que es la democracia peruana con elecciones adelantadas.
La ‘realpolitik’ dicta que, al día de hoy, ni siquiera Antauro Humala está en condiciones políticas, financieras y logísticas de afrontar con éxito una campaña a nivel nacional. Nadie lo está.
No obstante, ello no quiere decir que en medio de esta minicrisis política que afronta la presidenta Dina Boluarte por los relojes Rolex no declarados, el Congreso, y en especial las bancadas que le brindan sustento (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular), no puedan ubicarse en una situación ventajosa frente al Gobierno para exigir algunos cambios ministeriales que se caen de maduros, como el del titular del Interior, Víctor Torres, y algún otro más.
Viene trascendiendo que esto es lo que directa o indirectamente le están transmitiendo (y lo seguirán haciendo en los siguientes días) los representantes de las bancadas antes señaladas al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
La posición de mayor debilidad en la que hoy se ubica el Ejecutivo a propósito de los relojes se la ha ganado a pulso debido a un inadecuado manejo de la crisis, en la que incluso el propio contralor general de la República, Nelson Shack, terminó sumándose al apanado.
Una declaración de sometimiento total a las investigaciones por parte de la propia mandataria hubiera echado un poco de agua fría al tema de las joyas. Pero lo que se ha visto es, más bien, una suerte de huida hacia adelante percibida como una negación de lo evidente.
Acaso, y para seguir con la ‘realpolitik’, la mejor alternativa que tiene a mano Adrianzén es conciliar con algunas bancadas los cambios ministeriales planteados que, en una situación normal, igual deberían producirse. Y ejecutarse antes de su presentación ante el pleno.
En paralelo, la presidenta Boluarte tiene por delante la obligación de dar cuenta del caso de los relojes, independientemente de que en el foro legal su defensa ensaye justificaciones que hasta el momento escapan del sentido común.
En algunos casos, alegar ignorancia de las leyes o falta de prolijidad no es lo más conveniente. Su paso por el gobierno de Pedro Castillo debió haberle dejado esa moraleja.
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