El país ya pasó la valla de la tolerancia a Pedro Castillo. El 2026 aparece como una fecha remota, un larguísimo plazo, ciencia ficción, cábala. La diferencia entre los más radicales y los moderados de la interrupción de mandato está en no apartarse en absoluto de la constitucionalidad. Algunos rechazan que se vaque de la misma forma en que se vacó a Vizcarra, pues no están de acuerdo con la interpretación que se dio a la ‘incapacidad moral permanente’. Preferirían la destitución a través de un juicio político, cuyos procedimientos podrían ajustarse con una reforma constitucional.
Pero hay mucha impaciencia como para esperar reformas. La crisis pide soluciones expeditas y nos vamos, en un par de semanas, al choque de la investidura. En la última encuesta de Ipsos-América TV, el 56% quiere que el presidente renuncie ya. Respecto de la vacancia, hay más cautela: un 36% dice que estaría definitivamente de acuerdo y un 17% que lo pensaría y podría estar de acuerdo. O sea, a diferencia de diciembre, cuando se discutió la admisión de la primera moción de vacancia, ahora el procedimiento tendría un raspante respaldo popular.
Pero al Congreso le faltan votos y autoridad moral. Con las bancadas de Perú Libre, la de Perú Democrático (que sumó a un exacciopopulista y a un ex de Renovación Popular), parte de la de Somos Perú y congresistas de AP y de APP seducidos por obras que patrocinan en sus regiones, hay más de los 44 votos necesarios para conjurar la vacancia.
No es solo la matemática la que aparentemente juega contra el Congreso. Podrían surgir escándalos que sumen votos a favor de la vacancia, como pasó en el caso de PPK; juega la falta de autoridad moral del Congreso; es decir, del actor que desembarcaría a Castillo. Apenas lo aprueba el 23% de la ciudadanía, dos puntos menos que el presidente, que es aprobado por el 25%. Súmenle a esto que varios congresistas, incluyendo la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, han dicho que interpretan la Constitución de tal modo que, de haber vacancia o renuncia doble (de Castillo y de Dina Boluarte), se elegiría nuevo presidente, mas no nuevo Congreso.
Si este argumento se extiende, la vacancia perdería respaldo popular. La salida política a la crisis ocasionada por Castillo se complica aun más. La pesadilla de un pacto diabólico entre un Gobierno y parte del Congreso flexibilizando normas y repartiéndose el botín del Estado es mucho más posible que el milagro de una concertación virtuosa. Castillo no da señales de concertar y está confrontando más que nunca. El Congreso está inflamado, aguantado y quiere desfogarse. Por todo esto, Alva y los portavoces de la oposición, más allá de sus interpretaciones interesadas de la Constitución, debieran mostrar el desprendimiento que le reclaman al presidente.