A mediados agosto, dos sujetos identificados como Johan Del Mar La Rosa, de 20 años, y Jim Chumpitaz La Rosa (31) fueron detenidos dentro de su vivienda en Lurín por el delito de pornografía infantil en agravio de sus tres hermanos menores. Dicha intervención fue posible luego de una larga investigación policial. Semanas después, alumnas del colegio St. George’s College de Chorrillos denunciaron ser víctimas del mismo delito luego de que descubrieran que sus compañeros de clases editaron fotos de ellas con inteligencia artificial para poder comercializarlas por un costo de entre los S/15 y S/30.
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Lamentablemente no son casos aislados. El 26 de julio de este año, un hombre fue detenido en Ica por estar inmerso en la fabricación, posesión y distribución de pornografía infantil. Entre las víctimas estaba su menor hija. Un mes atrás, en Chiclayo, otro sujeto fue capturado luego de descubrirse que mantenía retenida a su sobrina de 11 años. En la intervención se le halló material pornográfico infantil. Esta es solo una parte de las más de 81 víctimas entre enero y junio de 2023, según información de las 14 Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.
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Dicho organismo registró 79 casos que involucran a 84 imputados en agravio de las víctimas mencionadas en los primeros seis meses del año, es decir, un caso de pornografía infantil cada dos días. “Una gran cantidad se producen a través de la captación en redes sociales pero también otro segmento se genera porque las y los agraviados estarían siendo instrumentalizados por personas muy allegadas a ellos, como en el lamentable caso de Lurín”, declaró la Fiscal Superior y coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de trata de personas, Rocío Gala.
Modus operandi
Los abusadores usualmente consumen y venden el contenido ilícito a través de las redes sociales o páginas web clandestinas. También usan chats grupales en aplicaciones de mensajería para poder intercambiar videos e imágenes. El accionar ilegal para obtener el contenido lo ejecutan con mayor incidencia a través de juegos online donde captan menores de edad a través de la modalidad del ‘grooming’. Lo último se trata de generar una presunta relación de confianza con el agraviado para luego poder involucrarse sexualmente.
-Según la Fiscalía, durante las intervenciones en las guaridas de los abusadores normalmente se incautan celulares, UBS, memorias, computadoras, laptops, cámaras, tablets, entre otros artículos electrónicos que sean posiblemente usados para la fabricación, posesión, distribución o exhibir de la pornografía infantil.
Una encuesta realizada en 2022 por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) por encargo de CHS Alternativo, para determinar el impacto sobre las percepciones de la explotación sexual de menores en el internet, concluyó que 859.850 niñas niños y adolescentes recibieron mensajes con contenido sexual. Además, 573.000 menores se encontraron en persona con un individuo que los contactó por redes sociales y no era su amigo.
Lo alarmante no termina. A 280.000 menores se les solicitó tener relaciones sexuales en línea y a 501.000 una foto o video mostrando su cuerpo. Cabe resaltar que la información se recabó en conversación con padres de familia a quienes sus hijos e hijas les comentaron sobre el problema que vivían.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, declaró que algunas víctimas también son extorsionadas para que continúen enviando fotos bajo amenazas. En otras ocasiones, pueden ser hasta coaccionadas para que se trasladen a hostales y los victimarios sigan produciendo el contenido ilícito o terminan dentro de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
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“Realizamos un patrullaje mediante redes y nos dimos cuenta que se usan diversas fórmulas semánticas para obviar los algoritmos de protección”, señaló el especialista informando que los abusadores ofrecen dinero a adolescentes a través de redes sociales para que compren ropa o celulares cambio del envío de fotografías que configuran al delito de pornografía infantil.
La Fiscalía señaló que durante las investigaciones los fiscales especializados en trata a cargo de las diligencias toman en cuenta los detalles del espacio donde fue fabricado el material ilícito para poder recabar más elementos de convicción. Es decir, si al momento de la intervención en un domicilio se verifica que los videos fueron grabados ahí por la coincidencia del espacio y los objetos, es una prueba más que incrimina al abusador.
Según el programa de recompensas del Ministerio del Interior, tres hombres son los más buscados por el delito de pornografía infantil. Ellos son: Jhonatan Morán Quispe, quien fue recientemente incluido en el mes de junio, Manuel Fernando Bejarano Carasas y Oscar Veliz Felix.
Cabe resaltar que el Código Penal Peruano detalla que por el delito de pornografía infantil con agravantes, es decir, cuando la víctima tiene menos de 14 años de edad y si el material se difunde en tecnologías de la información, la pena de prisión será de hasta 10 y 15 años.
Medidas se prevención
La Fiscal Superior, Rocío Gala, informó que el Ministerio Público realiza charlas en colegios para alertar a los menores de edad y otorgar detalles sobre los canales de denuncia existentes. Durante los encuentros refuerzan la importancia del diálogo ante las situaciones de abuso a las que podrían enfrentarse.
“Hemos advertido que los niños están más expuestos mientras que el número de horas en las que permanecen en los juegos online sea mayor. Ciertos perfiles se presentan como falsos amigos, seducen a los menores, piden fotos...ahí es muy importante el diálogo entre padres. Hemos visto a familias enteras que se enteran sobre qué les pasa a sus hijos una vez que han tenido el contacto con el abusador”, declaró la Fiscal.
La abogada Shely Cabrera, vocera del Movimiento Manuela Ramos, detalló que con la aplicación de la educación sexual integral (ESI) se pueden formar infancias y adolescencias que tengan respeto tanto por el cuerpo propio y por el ajeno.
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Valdés alertó que en la Ley 31664, la cual modifica la Ley 30254, Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes, se establece que las empresas operadoras de internet obligatoriamente deben informar cada seis meses (desde el momento del contrato) sobre los filtros gratuitos y los que no a los que los padres pueden acceder para bloquear páginas de contenido pornográfico/violento.
“La ley fue aprobada hace nueve meses y no se la conoce. Fue impulsada por CHS (...) Lo importante es que falta reglamentar esta ley. La obligatoriedad no se está aplicando por ello”, concluyó.