VANESSA ROMO
ENVIADA ESPECIAL A AMAZONAS
Al mayor de la policía Felipe Bazán Soles lo han encontrado varias veces desde que desapareció hace cinco años en la Curva del Diablo, en medio del ‘baguazo’ en Amazonas. Lo han visto en comunidades awajun, escondido. Aseguraron ver cómo lo arrojaban al río Utcubamba para borrar huellas el mismo día que desapareció. En el 2012 unos restos en Bagua Grande fueron encontrados y pensaron que era él. A su esposa, Silvia Pérez, la han llamado hasta videntes para decirle que lo habían encontrado. Pero cinco años después nunca fue Felipe.
En estos cinco años, otros anunciaron que lo encontrarían. Tres ministros del Interior garantizaron a la familia que “no descansarían” hasta hallarlo. La última promesa fue en el 2011, de Óscar Valdés. Luego hubo silencio.
Se sabe poco sobre lo que le sucedió al mayor Bazán el 5 de junio del 2009. Él se ofreció a cubrir una plaza que faltaba para desalojar la carretera Fernando Belaunde Terry en Amazonas. La vía estuvo bloqueada durante 58 días por indígenas que pedían la derogación de dos decretos legislativos –1090 y 1064– que ponían en peligro la propiedad sobre sus tierras.
A las 5 a.m. de ese viernes Bazán llamó a su hija mayor Melanie para despertarla. Terminó de subir la Curva del Diablo, una colina a pocos kilómetros de Bagua donde se concentraban los indígenas, y cuando conversaba con Santiago Manuín, uno de los líderes awajun, los disparos comenzaron. Manuín no recuerda más.
El resto de la historia se cuenta con una foto que muestra ensangrentado a Bazán y rodeado por indígenas con lanzas, bajando de la Curva del Diablo. A esa imagen se aferra su familia para pensar que está vivo y esa foto es la que ha condenado a un hombre a una prisión sin sentencia. Cinco años después, cada uno sigue pidiendo justicia.
“YO NO MATÉ A BAZÁN”“Cuatro años y cinco meses”, cuenta Asterio Pujupat Wachapea. En ese tiempo no ha vuelto a pisar el monte, ni ha regresado a su casa en Nazareth, en el distrito de Imaza, Amazonas. Seis meses después del ‘baguazo’, Asterio fue el primer detenido por el Caso Bazán. El awajun Asterio cuenta en un castellano débil que esa fue la primera vez que le mostraron la foto. “Me dijeron que yo era el de la derecha. Me levantaron el brazo para demostrarlo”, dice. “Pero yo no estuve el 5 de junio en Bagua, yo trabajé con la madera ese día en Chiriaco”, se defiende.
Hay otras dos personas detenidas por este caso: Feliciano Cahuasa y Juan Cruz Cotrina. El primero fue encontrado con el arma de Bazán aunque la prueba de absorción atómica señala que nunca disparó. Juan Cruz, quien es drogodependiente, se autoinculpó en el 2009. En el 2012 revisan sus declaraciones y lo vuelven a detener.
Luego de dos años en la cárcel de Utcubamba y sin juicio ni sentencia, el Poder Judicial no liberó a Asterio por completo y ordenó arresto domiciliario. Sin embargo, decidieron que lo cumpla en una casa de Bagua y no en su comunidad “por riesgo de que se pierda en la selva”, como cuenta el sacerdote Fermín Rodríguez, quien lo asiste con alimentos. “Está en una casa cárcel”, agrega. Un par de esposas de metal que cuelgan de la reja que da a la calle le recuerda que no está libre y que no sabe hasta cuándo esperar.
“NO CREO EN LA JUSTICIA”Silvia Pérez espera todos los días los saltos que daba su esposo Felipe Bazán cuando llegaba de viaje. Para ella y sus tres hijas, él ya no tarda en volver. Son cinco años de esa espera y está cansada pero serena. Su carácter ha ido formándose y es más severa que al inicio. Cree que tiene que serlo por sus hijas.
“Yo ya no tengo fe en la justicia peruana”, dice aceptándolo. “Han pasado cinco años sin ningún sentenciado por la muerte de los policías y pasarán otros cinco más así”, cuenta.El caso del mayor Bazán se ve separado al de la Curva del Diablo por lo delicado del tema. Por ejemplo, no existe un cuerpo para plantear un homicidio.
Aunque los jueces negaron la participación de Alan García, Mercedes Cabanillas y otras autoridades de ese año para el caso sobre la Curva del Diablo, Silvia volverá a pedir que se los incluya. “Las decisiones desde el gobierno causaron tristeza a las familias de los policías, de los indígenas y a todo un país”, dice.
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