El burgomaestre del distrito de Moro, Fernando Villón Sotelo, integrante de la Asociación de Alcaldes de la Provincia del Santa (Áncash), denunció públicamente que recibe amenazas de muerte.
Hace unos días, la autoridad presentó una denuncia ante la Sección de Investigación Criminal de la Policía de Chimbote ya que delincuentes le exigen que deje el cargo y que cambie a la gerente municipal Nelly Pérez De La Cruz.
Los recados intimidatorios son realizados a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. “No contestas... Ahora que toda la plata va a llegar a tu poder te vas alocar, tú y esa gerenta... Deja el cargo, por ahora somos los guardianes de tus sueños, te vas a ir al suelo”, se lee en un mensaje de texto recibido el último sábado.
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Las llamadas amenazantes provienen del número de celular 990631283 el cual estaría registrado aparentemente a nombre de Juan Olano Núñez.
Villón Sotelo indica que detrás de las amenazas hay un móvil político y acusó a Fernando Escanelo Flores, integrante del grupo de revocatoria, de ello. El alcalde basa sus sospechas en que hace unas semanas lo recibió en su despacho y le pidió expulsar a la gerente y a otros trabajadores.
“Sospecho de un grupo de pobladores que están haciendo la revocatoria. No les tengo miedo, pero si tienen que revocarme que lo hagan. Soy una persona democrática, no estoy robando ni haciendo las cosas mal”, aseveró.
El alcalde de Moro asegura que no se dejará amilanar y continuará en el cargo, aunque solicitó a la policía que investigue y llegue hasta las últimas consecuencias.
“No vamos a esperar que suceda un acontecimiento lamentable. Hay un antecedente con el crimen del alcalde de Samanco Francisco Ariza. También tengo familia y no me gustaría que me pase lo mismo”, apuntó.
Villón Sotelo, quien no tiene seguridad privada, reveló que a inicios de su gestión hampones le pedían S/20.000 para no matarlo, ya que sus adversarios políticos habían pagado para asesinarlo.
Otros amenazados
Después del cruel asesinato de Francisco Ariza Espinoza y de su abogado Henry Aldea Correa, ocurrido el 20 de octubre del 2015, el alcalde del distrito de Nepeña, Manuel Figueroa, y su homólogo de Cáceres del Perú (Jimbe), Jaime Carrión, denunciaron amenazas de muerte de parte extorsionadores.
Ese clima de inseguridad provocó que el pasado 25 diciembre, el Ejecutivo decretara estado de emergencia las provincias del Santa y Casma. Sin embargo, las amenazas han continuado. En enero de este año, el alcalde de Nepeña siguió siendo blanco de la delincuencia. Le exigían S/ 20.000 para no atentar contra su vida.
En marzo, la máxima autoridad de Yaután, en la provincia de Casma, José Luis Del Carpio Melgarejo, también fue amenazado de muerte. Según denunció, delincuentes ligados a personajes políticos de su distrito le pedían 20 mil dólares por su vida. Dos meses después, fue condenado a seis años de cárcel por delito de corrupción.
En este mismo mes, el alcalde de Coishco, Manuel Aldave Boyd, recibió amenazas de muerte. Esta vez le dijeron que si no dejaba el cargo le iba a pasar lo mismo que al alcalde de Samanco.
El jefe de la División Policial de Chimbote, coronel PNP Juan Antonio Martínez Arroyo, informó que se intensificará el patrullaje en su centro de labores y en su vivienda. Esperará que el burgomaestre Villón solicite garantías personales para evaluar si se le da protección personal.
Hasta el momento, ninguna de las autoridades tienen seguridad del Estado.