El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra siete ex funcionarios de la Sub Región Pacífico del Gobierno Regional de Áncash y dos empresarios, quienes se habrían coludido para beneficiarse con la obra de la construcción del coliseo cerrado Gran Chavín durante la gestión de César Álvarez Aguilar.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia del Santa dispuso la orden de captura e internamiento al penal de Chimbote para Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez (43) y Juan Carlos Gallo Zegarra (47), ex gerentes de la Sub Región Pacífico; William Teddy Bejarano Rivera (50), el ex presidente del Comité Especial; y Enrique Bernardino Godoy Palacios (50), ex subgerente de Infraestructura.
La medida fue dispuesta también para Cecilia Del Rocío Alfaro García (55), ex integrante del Comité de Selección y Subgerente de Administración y Recursos; y Giovanni Alfonso Montoya Siles (43) y Milton Carlos Meléndez Lujan (52), supervisores de obras. Además, deberán ser capturados Anamelba Jacay Peña (43) y el extranjero Javier Pérez Claramunt, representantes legales del Consorcio Salem, ganador de la buena pro de la obra.
Según el Ministerio Público, en el 2013, los ex funcionarios de la Sub Región Pacifico favorecieron al Consorcio Salem en la suscripción del contrato pese a no contar con la disponibilidad presupuestal, certificación para la ejecución de obra y la aprobación del acuerdo del Consejo Regional.
Otras irregularidades que se encontraron fueron documentos falsos, expediente técnico deficiente, variación injustificada del valor del expediente técnico, así como haber aceptado las cartas fianzas de Coopex (entidad que no estaba bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros), que no permitieron aplicar penalidades y cubrir la obra que quedó en abandono pese al pago de más de 60% del monto que ascendía los S/33'416.668.
Además, la gerencia de la entidad regional aprobó más de S/40 millones de presupuesto para el proyecto, aduciendo gastos generales al no haberse efectuado un adecuado estudio de suelos.
El coliseo cerrado Gran Chavín se ubica frente al terminal terrestre de Chimbote (Áncash). Actualmente, la obra se encuentra paralizada y abandonada desde hace cinco años. En un primer momento fue presupuestada en S/33 millones, pero después se valorizó en más de S/40 millones.
Al concluir la audiencia de control, el magistrado Jorge Chávez Tamariz admitió la acusación fiscal y determinó que los 20 imputados vayan a un juicio oral por delitos de colusión y negociación incompatible.
El juzgado dictó comparecencia con restricciones contra Segundo Francisco Moncada Saucedo (55), ex jefe de Estudios y Proyectos; y Ángel Ancajima Timaná (59), supervisor de obra, contras quienes no variaron los presupuestos de peligro procesal para dictar una medida gravosa.
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