El procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, pedirá que el Ministerio Público investigue al gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, por el presunto delito de colusión en una obra de riego que ejecutó su empresa, donde hubo un perjuicio económico de más de S/36 millones.En el 2008, en la primera gestión de César Álvarez, el Proyecto Especial Chinecas otorgó la buena pro al Consorcio San Bartolo para la construcción del canal de riego Santa-San Bartolo, valorizada en más de S/17 millones, pero en la realidad este proyecto terminó costando más de S/36 millones y solo se intervino 5 de 11 kilómetros.
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En aquella época, este conglomerado estaba integrado por cuatro empresas, entre ellas JJM Minería y Construcción, representada por el actual mandatario de Áncash. Para el abogado del Estado, la actual investigación que involucra solo a siete funcionarios por el presunto delito de negociación incompatible debe ser reformulada, ya que existen suficientes para determinar que “estamos ante un delito de colusión agravada”. Es por ello que va a proponer una nueva recalificación del delito y pedir que se incluyan a otros implicados, como Juan Carlos Morillo y los representantes de las otras tres compañías.
“Creemos que hay un direccionamiento para favorecer a este consorcio, pero además vemos que en la ejecución de la obra hay perjuicio económico para el Estado de más de 36 millones de soles. Existen los elementos suficientes para determinar que estamos ante un delito de colusión agravada y que debería ampliarse el caso.
Incluso podrían integrarse otros hechos porque esta obra no tenía viabilidad presupuestal, entonces de dónde existe el dinero para ejecutarlo, podríamos hablar también de malversación”, argumentó Asmat. El letrado indicó que la investigación preparatoria se inició en octubre pasado y debe culminar en junio de este año por el delito de negociación incompatible. En este caso también se le ha implicado al esposo de la fiscal superior Nancy Moreno, Ismael García.
Asmat también dijo que está a la espera que la Fiscalía Superior Anticorrupción del Ministerio Público del Santa resuelva una queja de derecho ante el archivo del delito de peculado a favor del ex gobernador César Álvarez Aguilar y otros 19 involucrados. En caso se revoque el archivo volverían a ser investigados.
En tanto, comentó que la Fiscalía de la Nación debe adoptar las medidas para evitar que haya algún tipo de intromisión en la investigación, ya que la magistrada Moreno es la jefa del fiscal que se encuentra a cargo del caso. Recomendó que un equipo de fiscales de otra ciudad podría trabajar en este expediente para evitar especulaciones.