La Primera Fiscalía Penal de la Provincia del Santa, en Chimbote, ha pedido dos años de prisión efectiva para el gobernador suspendido de Áncash, Waldo Ríos Salcedo, quien purga una condena por corrupción desde setiembre pasado.
El fiscal José Antonio Sánchez Rodríguez, a cargo de la investigación, ha sustentado que el líder del Movimiento Regional Puro Áncash debe ser juzgado por el delito contra la voluntad popular, delitos contra el derecho de sufragio en la modalidad de inducción al voto, en agravio del Estado y del Jurado Nacional de Elecciones.
El Ministerio Público considera que hay graves elementos de convicción para acreditar que Waldo Ríos, durante la campaña electoral del 2014, generó una “falsa y larga expectativa a todos los ciudadanos ancashinos al ofrecer S/500”. Ello, aparentemente, iba a ser financiado por el canon minero.
“Va a salir del presupuesto de la región, provincias y los distritos […] Hemos sacado la cuenta, que te alcanza en un año para que compres refrigeradora, cocina, televisor, laptops, bicicletas, juego de dormitorio”, manifestó Ríos Salcedo en un mitin en la provincia de Casma, en agosto del 2014.
El magistrado presentó su requerimiento ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chimbote y se espera que el Jurado Nacional de Elecciones, la Procuraduría Pública y la defensa de Ríos Salcedo respondan en un plazo de 10 días para así dar inicio a la audiencia de control de acusación donde se definirá si debe ser enjuiciado o no.
Desde que asumió el cargo, Ríos Salcedo dijo que cumpliría su promesa, pero que esto dependía del Congreso de la República pues había presentado un proyecto de ley para que las familias pobres del país se beneficiaran con el dinero del canon minero.