Hoy vence el plazo para que el Ministerio Público se pronuncie con respecto a la investigación que se le sigue al gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos, y a los 9 aportantes del S/.1 millón de la reparación civil, por los presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo.
El fiscal anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe, deberá decidir si continua con la investigación preparatoria o si pide el archivo para los implicados, tras concluir hace dos meses la investigación preliminar.
La Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú concluyó que la autoridad regional utilizó dinero ilícito para cancelar la indemnización que le impuso el Estado, tras ser condenado por recibir US$10 mil del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El pago fue para que el entonces parlamentario cambie de bancada: del Frente Independiente Moralizador al fujimorismo.
La Policía también determinó que Ríos Salcedo simuló que el dinero para la reparación había salido del bolsillo de 9 personas, quienes entregaron esa cantidad, supuestamente, motivados por un afán de “justicia” y sin esperar nada a cambio. Aparentemente, los fondos provinieron de rifas, donaciones de empleados del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y de actividades como la ‘Waldotón’.
Los donantes investigados son Javier Remberto Contreras Lara, Iris Myluska Aldea Correa, Patricia Leonor Quezada Barrera, Miguel Ángel Peralta Merino, Daniel Humberto Reynafarje Quiroz, José Enos Neyra Flores, Sabik Aliot Soriano Navarrete, Guillermo Oviedo Velásquez y Christian Cárdenas de Paz.
Añanca Chumbe deberá comunicar su pronunciamiento al Poder Judicial y notificar a todos los sujetos procesales.
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