En los próximos días, el proyecto minero Tía María—uno de los más importantes de la zona sur del país— entrará en una fase decisiva. A menos de dos meses del vencimiento de la vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el gobierno le otorgaría el permiso de construcción a la empresa Southern Perú. Este es el último paso que requiere la empresa para intervenir la concesión, ubicada en la provincia de Islay (Arequipa).
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El anuncio ha generado la alerta de las autoridades locales y de los principales gremios del valle de Tambo, zona agrícola que comprende los distritos de Islay, Cocachacra y Deán Valdivia, situados en la zona de influencia directa del proyecto. Estos convocaron para hoy a un paro de 24 horas en diversas zonas de Arequipa como señal de protesta contra de su construcción y de la empresa minera.
Este hecho —de escalar en niveles de violencia— podría convertirse en un nuevo foco de tensión social para el Ejecutivo, luego del conflicto registrado desde inicios de febrero hasta mediados de mayo en torno al corredor minero que opera en la mina Las Bambas, en Apurímac.
-Mayor desconocimiento-Frente a este escenario, ¿cuál es la posición de los peruanos en relación a Tía María? Según la última encuesta Ipsos-El Comercio, solamente uno de cada cuatro (24%) está informado sobre el proyecto. El porcentaje es más alto en la zona sur —donde bordea el 36%— así como en Lima Metropolitana, donde un 24% asegura conocerlo [ver cuadro].
El grado de información también es mayor en los niveles socioeconómicos más altos. Alcanza el 44% en el NSE A; mientras que en los NSE D y E solo llega al 19% y 17% respectivamente.
En tanto, la opinión de la población que señaló conocer el proyecto se inclinaría ligeramente hacia su aprobación. En general, un 59% de este grupo está a favor de su desarrollo, mientras que un 38% está en contra. De este último grupo, un 17% lo rechaza completamente. En la zona sur —donde se desarrollará la mina— lo aprueba un 57% (21% definitivamente y 36% parcialmente), mientras que un 43% lo rechaza (28% de forma parcial y 15% de forma definitiva).
-Consenso a favor-En los últimos días, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem) afirmaron que dicho trámite está próximo a realizarse. El lunes, el titular del Minem, Francisco Ísmodes, señaló a “Gestión” que en esta semana o la próxima se otorgaría la licencia de construcción al proyecto. “[...] La empresa ha mejorado su acercamiento, pero aún es necesario trabajar en conjunto [...] en impulsar proyectos como una represa que mejore la agricultura en el valle”, señaló.
En comunicación con este Diario, el ministerio precisó que el expediente de la aprobación de la licencia de construcción “sigue en evaluación” en la oficina competente en el Ministerio de Energía y Minas. Añadió que en la medida en que se cumplan los requerimientos legales establecidos debería ser otorgado antes de la fecha de vencimiento.
“No es la intención de este Gobierno dilatar los procedimientos de aprobación establecidos en las normas. No obstante, debemos recordar que la propia empresa ha declarado que no iniciaría obras hasta logar un adecuado consenso social en la zona de influencia”, señaló a través de un correo electrónico.
-Descontento local-Si bien el proyecto ha recibido el apoyo del Gobierno Central, algunas autoridades y gremios agrarios regionales y locales aún muestran su rechazo.
Uno de ellos fue el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien dijo el lunes que Tía María no tiene licencia social y pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, respetar la opinión de los moradores del Valle de Tambo.
El proyecto tampoco contaría con el respaldo de los alcaldes de Cocachacra y Deán Valdivia, distritos dentro de su ámbito de influencia.
“Mi pueblo no quiere la mina y, si me piden que salga a protestar, tengo que hacerlo”, señaló a este Diario Richard Ale Cruz, alcalde de Deán Valdivia.
-La estrategia de la empresa-Según la Defensoría del Pueblo, Tía María encierra un conflicto social. Su etapa más álgida se vivió entre los años 2011 y 2015, cuando murieron cinco personas en enfrentamientos. Hoy la población está dividida. Hay quienes apoyan el desarrollo de la mina y quienes no.
La corriente a favor del proyecto ha aumentado a raíz de los programas sociales y capacitaciones que ha implementado Southern en la zona.
Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de la empresa, señala que en los últimos años la compañía efectuó un trabajo más intenso dentro de las comunidades.
“Hemos cumplido con todo lo que corresponde desde el punto de vista legal, técnico y ambiental. También hemos hecho un trabajo social. Vemos que la población conoce los detalles del proyecto”, señala.El ejecutivo añade que, aun si obtuviesen el permiso de construcción en los próximos días, el inicio del proyecto se dará “cuando estén dadas las condiciones adecuadas”.
“Hemos conversado con las autoridades, nos han pedido que esperemos un tiempo prudencial para empezar la construcción y no tenemos ningún inconveniente. Vamos a cumplir con esta petición”, explica.
-Reto pendiente-Para el analista político Jeffrey Radzinsky, uno de los desafíos que enfrenta el Gobierno es el manejo de conflictos sociales, en los que es necesario establecer una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de abordarlos.
“El Gobierno Central tiene responsabilidad compartida con los gobiernos regionales y locales de Arequipa. No se trata solo de otorgar la licencia y enviarles la policía cuando haya un conflicto”, señala.
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