La Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso la destitución de Elmer Cáceres Llica al cargo de gobernador regional. De acuerdo a la sentencia emitida por el juez del Juzgado Civil del Módulo de Justicia de Mariano Melgar, Luis Madariaga Condori, la medida se da por incapacidad en sus funciones y no asumir la implementación oportuna del protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con el COVID-19.
La demanda de acción de amparo la interpuso el ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo, en contra de autoridades regionales y nacionales, por vulnerar el derecho a la salud de la población. En ese contexto exigió la destitución de Cáceres Llica conforme al Art. 22 del Código Procesal Constitucional.
La sentencia emitida por el magistrado sostiene que Cáceres Llica tiene responsabilidad plena para implementar, capacitar, conducir, supervisar y monitorear las disposiciones del protocolo sanitario establecidas en la resolución Ministerial N°193-2020-MINSA.
Señala que la Sala Mixta de Emergencia de la Corte de Arequipa comprobó el incumplimiento de funciones de la autoridad. En plena crisis de la pandemia no había la cantidad insuficiente de pruebas para detectar el COVID-19, fallecieron varios médicos en los hospitales de la región, no se implementó ni se distribuyó oportunamente los equipos de protección al personal de salud, además de otras faltas.
Elmer Cáceres: detalles de los pedidos de vacancia y revocatoria contra el gobernador de Arequipa
Elmer Cáceres tiene tres días para apelar la sentencia en primera instancia. Una vez que quede consentida y ejecutoriada esta decisión, el Juzgado dispone que sea el vicegobernador regional quien asuma funciones.
Respuesta
A través de un comunicado, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sostuvo que la medida judicial es inconstitucional e ilegal. Afirman que Cáceres Llica fue declarado como gobernador regional de Arequipa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por tanto, el Juzgado no tiene atribuciones para destituirlo de su cargo, ya que fue electo por voto popular.
Para el GRA la sentencia tiene un carácter netamente político y no se ajusta a la normativa electoral. Agregó que el Juzgado vulnera el Estado de Derecho y perjudica el equilibrio de poderes contemplados en la Constitución. No obstante, el gobernador anunció que apelará la decisión y continuará con la realización de actividades.