Perú suspendió conversaciones con la minera Southern Copper, en torno al proyecto minero Tía María, mientras esta no aclare su responsabilidad en relación con las denuncias de un presunto “hecho delictivo” que involucra a un líder antiminero, dijo la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz.
Tras siete semanas de marchas de agricultores en contra del proyecto, medios de comunicación revelaron un audio con lo que sería la voz del dirigente Pepe Julio Gutiérrez pidiendo dinero a un abogado. Este dijo que actuaba como mediador de la empresa, para detener las protestas.
“En efecto, he suspendido las conversaciones con Southern en tanto no se aclare su participación en este hecho delictivo”, refirió Ortiz en un correo electrónico enviado a Reuters. Así respondió a una solicitud de confirmación sobre si se había detenido el diálogo luego de la difusión del audio.
Además la ministra afirmó que solicitó la presencia en Lima de Germán Larrea, presidente del Grupo México, propietaria de Southern Copper, para esclarecer el tema. “Estoy a la espera de que me confirme cuándo (Larrea) arribará a Lima”, anotó Ortiz.
Southern Copper no respondió a comentarios sobre el tema pese a reiteradas consultas de Reuters. En un aviso publicado a toda página en el diario El Comercio, la minera negó su participación en actos ilegales y afirmó que el abogado Jesús Gómez, quien afirma ser el interlocutor con Gutiérrez, no trabaja para la compañía.
Reuters no ha podido confirmar la autenticidad del audio, que fue difundido la semana pasada y que no implicaba directamente a la firma minera.
El Gobierno ya denunció por presunta extorsión a Gutiérrez, quien también ha rechazado las acusaciones en su contra.
EVALÚAN DENUNCIA
También evalúa acusar penalmente a Southern Copper si le encuentra responsabilidad en el “hecho delictivo” y estaba recopilando información en torno al tema, dijo por su parte una fuente del Ministerio de Energía y Minas.
El fin de semana, el Gobierno del presidente Ollanta Humala autorizó el ingreso de las fuerzas armadas a la zona de protesta para tomar el control y restablecer el orden. De acuerdo a la autorización, los militares estarán en Islay hasta el 7 junio.
Las conversaciones que realizaba el Gobierno con la minera buscaban solucionar el conflicto social mientras la compañía espera la licencia oficial de construcción para que comience a ejecutar el proyecto ubicado en la región Arequipa.
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