Aumenta la tensión en Apurímac: crisis por conflictos mineros se agrava tras últimos actos violentos

Los conflictos sociales vinculados a la minería, en particular a la producción de cobre, parecen no tener fin en el país. Por el contrario, cada día se agravan.

El último martes, las instalaciones de la minera cuprífera MMG Las Bambas, en Apurímac, fueron escenario de un nuevo enfrentamiento entre comuneros de Huancuire y la Policía Nacional. El hecho se produjo cuando los agentes y personal de mantenimiento intentaron ingresar al campamento Charcascocha, en el tajo de Chalcobamba, invadido desde el 14 de abril por miembros de la comunidad. El objetivo de los trabajadores era evacuar los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales y evitar daños ambientales debido a la paralización de las operaciones.

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“Pese a las reiteradas comunicaciones con el presidente de la comunidad, Romualdo Ochoa, sobre la necesidad de estos trabajos, los pobladores impidieron el ingreso del personal contratista de manera violenta, generando un enfrentamiento con los policías que los acompañaban”, precisó la minera a El Comercio.

MMG Las Bambas agregó que tras este hecho, durante la noche, los invasores atentaron contra las instalaciones del campamento, incendiando equipos y vehículos. “Este nuevo ataque de los pobladores de Huancuire afectó gravemente bienes e instalaciones y produjo que 10 efectivos policiales y un trabajador resultaran seriamente heridos”, señaló.

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En tanto, la noche del martes, el campamento minero Los Chancas, ubicado en los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, en la provincia apurimeña de Aymaraes, quedó reducido a cenizas luego de que 300 personas, entre desconocidos y presuntos mineros informales e ilegales, ingresaran violentamente a las instalaciones.

Se trata de un proyecto de 2.600 millones de dólares de propiedad de Southern.

“Durante el ataque, los agresores utilizaron explosivos y armas de fuego, por lo que fue necesario evacuar de manera inmediata a nuestros trabajadores y contratistas, sin que se registraran heridos. Se ha verificado la destrucción de cuatro camionetas, tres grupos electrógenos, casetas de seguridad, más de 15 módulos de viviendas, carpas, almacén y depósitos de combustible”, informó la empresa.

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Condicionan diálogo

Sobre el conflicto en la zona de Las Bambas, la minera dijo que los intentos del Gobierno por restablecer el diálogo y solucionar el conflicto se ven permanentemente condicionados por la comunidad de Huancuire, que se rehúsa a abandonar la propiedad privada.

“En la última reunión del 25 de mayo, en Lima, las seis comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui plantearon al gobierno el levantamiento del estado de emergencia y la solución de sus demandas en un plazo de 15 días como condición para la reanudación de operaciones”, dijo.

Además, la empresa señaló que existe un interés del presidente de la comunidad de Huancuire por implementar un acuerdo de participación del 50% sobre las utilidades futuras de la minera “a cambio del supuesto aporte de terrenos que ya vendieron y que se encuentran ilegalmente invadiendo”.

MMG Las Bambas aseguró que pagó S/222,4 millones a la comunidad por dos mil hectáreas adquiridas en el 2013. Añadió que la comunidad alega una supuesta vulneración a su derecho a la consulta previa para el inicio de explotación del tajo Chalcobamba. “No han tenido voluntad de ejercer ese derecho a pesar de reiteradas solicitudes y convocatorias del Ministerio de Energía y Minas”, resaltó.