En las regiones de Áncash, Callao, Ica, Lima Provincias y Loreto, la Contraloría de la República identificó hasta 8.529 funcionarios públicos que causaron perjuicio económico al Estado por S/257 millones durante el período 2010-2015.
Las responsabilidades por estos hechos son de tipo administrativo (6.168), penal (1.458) y civil (903).
En las regiones mencionadas, la contraloría supervisa 577 entidades estatales, entre municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales.
Entre los casos emblemáticos que presenta el órgano de control, se repiten las obras inconclusas por las que se pagó el total; favoritismo a consorcios y contratistas; contratos suscritos sin la documentación requerida; valorizaciones por metrados sobredimensionados; conformidad de servicio con omisión de penalidades; así como la ausencia de declaratorias de viabilidad.
El perjuicio económico varía desde S/1 millón hasta S/37 millones por caso.
Fuad Khoury Zarzar, contralor general, se reunió con los jefes de las sedes regionales y los jefes de las oficinas de control institucional para supervisar el cumplimiento del plan anual de control.
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#Tambopata : destruyen campamentos de #mineríailegal https://t.co/8d5Nx4WNhf pic.twitter.com/1mtYN8ANvM— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 26 de abril de 2016
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