A las 4:35 a.m. del pasado 20 de marzo, William Merma Valencia, sindicado como el mayor traficante de tierras en Arequipa, fue capturado en uno de los 450 lotes que ofertaba dentro de un predio de 18 hectáreas, usurpado a una familia de esa región.
Desde hace 10 años, Merma encabezaba un grupo delincuencial que anualmente reunía casi S/15 millones, producto de estafas y extorsiones. El nombre con que la policía bautizó a esta organización criminal definía la procedencia y crueldad de sus integrantes: Los Malditos de Chumbivilcas.
Siempre bajo la fachada de una asociación de vivienda, la mafia invadía cualquier terreno desguarnecido, lo lotizaba y luego vendía cada parcela a bajos precios.
Los compradores –en su mayoría personas humildes y desesperadas por una vivienda– eran obligados a construir sus casas con materiales y albañiles que la propia mafia asignaba, y a pagar por servicios básicos o de seguridad que nunca llegaban a tener. Ante la extorsión, terminaban huyendo o eran expulsados a balazos.
Con Merma cayeron 26 de sus cómplices, entre invasores, sicarios, jueces y funcionarios municipales que validaban las ocupaciones.
Los Malditos de Chumbivilcas habían llegado a controlar 500 hectáreas de terrenos privados y del Estado en Arequipa. En esa región, la Oficina de Ordenamiento Territorial tiene registradas 6.000 hectáreas usurpadas. Sin embargo, Arequipa no es una de las regiones más azotadas por el tráfico de tierras.
La Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) informó a este Diario que Lima, Piura, Áncash, Moquegua e Ica concentran la mayoría de áreas recuperadas del dominio de los traficantes.
Según dijo el procurador de la SBN, Carlos Rodríguez, desde el 2014, cuando se emitió la Ley 30230, que permite a la Procuraduría Pública de la SBN retomar terrenos estatales de forma extrajudicial, 1.066 hectáreas de esas regiones han regresado a poder del Estado.
–Delito avasallador–En el Perú, el tráfico de terrenos es el segundo delito (después del narcotráfico y junto con la trata de personas y la minería ilegal) que actualmente genera mayores ganancias a las organizaciones criminales y, en consecuencia, el que más ha estado creciendo, reveló el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina.
El fiscal señaló que cada una de estas redes de traficantes de terrenos puede movilizar hasta S/20 millones al año, básicamente, por las ventas sucesivas de un mismo terreno o lo que se conoce como ‘ruleteo’.
Rubén Vargas, ex viceministro de Orden Interno, señaló que recién desde hace dos años, con el desarrollo de los megaoperativos policiales, ha sido posible identificar que detrás de las invasiones siempre había mafias bien montadas y coludidas con autoridades.
Además, si bien el tráfico de tierras era allí el delito principal, este se complementaba a partir de la extorsión y el sicariato. “El 90% de invasiones en Lima y la costa norte ha sido dirigido por organizaciones criminales”, dijo Vargas.
Desde el 2016, la policía y fiscalía han realizado 120 megaoperativos. La mitad sirvieron para desbaratar redes de usurpadores y traficantes de tierras. Chávez Cotrina estimó que hay al menos 45 procesos judiciales en marcha contra cabecillas y lugartenientes. Ninguno ha sido sentenciado todavía.
El megaoperativo contra Los Malditos de Chumbivilcas fue el último que se ha ejecutado contra mafias de tráfico de terrenos. El fiscal Chávez Cotrina explicó que en abril hubo menos golpes al crimen organizado debido a la crisis política que derivó en el cambio de presidente de la República.
Este mes hubo cuatro megaoperativos, todos ellos contra mafias dedicadas al cobro de cupos en construcciones, otro delito arraigado en varias ciudades del país.
Antes de terminar su gestión, a fines de marzo, Rubén Vargas indicó a El Comercio que de otros 120 megaoperativos ya diseñados y con carpetas fiscales listas, al menos 48 tenían el objetivo de atacar a organizaciones de tráfico de tierras, cuyo ámbito de acción está en Lima y la costa norte del país.
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