Por más de que se trate de un espacio que alberga más de 5000 años de historia y que ostenta los títulos de Patrimonio Cultural de la Humanidad y Patrimonio Cultural de la Nación, existen personas interesadas tomar posesión de Caral. Durante muchos años, la doctora Ruth Shady ha luchado para que la zona arqueológica tenga la consideración y el respeto que se merece; ha promovido programas sociales con los habitantes de la zona, llevado la defensa del sitio arqueológico hasta los tribunales y en consecuencia hasta ha sido víctima de un atentado en el que se recogieron veinte casquillos de bala, según el testimonio de la propia antropóloga. Hoy, a sus 73 años de edad, aún recibe amenazas de muerte, pero estas parecen no haber afectado en lo más mínimo su disposición a defender nuestro patrimonio.
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“Al abogado del sitio lo llamaron y dijeron que si seguía apoyándonos nos iban a matar a ambos y que nos enterrarían cinco metros bajo tierra”, señaló la doctora Shady en conversación con El Comercio. Según su declaración, este problema se remonta hasta los años de la Reforma Agraria cuando pobladores de otras regiones llegaron. “Se distribuyó entre cuatro a seis hectáreas entre los trabajadores que habían sido contratados en el año que se realizó la repartición que, en su mayoría, provenían de Conchucos. Algunos de sus vecinos y familiares, cuando se enteraron de la distribución, también bajaron al valle de Supe, pero ya no les tocó nada. Ellos ocuparon los sitios arqueológicos que ni los hacendados habían invadido por la monumentalidad que había en ellos”, agregó.
Autoridades ausentes
Caral fue invadida por un clan que extendió su ocupación hasta 58 hectáreas. Shady señaló que ahora dicha familia, a quien identifica bajo el apellido Solís, construyó un féretro con su nombre. “Por más que les hemos dado trabajo y les hemos explicado el valor histórico de ese territorio, no hacen caso”, señaló. Pero el problema se agrava con la presencia de traficantes de tierras, que simplemente llegan y se apropian del territorio. La directora de la Zona Arqueológica Caral detalla que desde el inicio de la pandemia se registraron nueve invasiones.
El sitio arqueológico se ha quedado sin resguardo policial desde hace tres años y aunque la doctora Shady asegura que el ministro de cultura, Alejandro Neyra, realizó todos los trámites necesarios para solicitar protección en la zona, la policía no ha mostrado interés en ayudarlos. “Cuando denunciamos estos actos, tan solo atinaron a decir que la defensa del patrimonio no se encontraba entre sus prioridades”, agregó.
En medio de la crisis sanitaria, Shady monitorea lo que sucede en Caral de manera virtual, ya que es parte de la población de riesgo, pero también teme por su vida. “No regreso a Caral por temor a que me maten, pero amo a mi país y lo defenderé hasta el último respiro de mi vida”, concluyó.
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