La tercera reunión entre la comunidad de Fuerabamba, el Gobierno Regional (GORE) de Cusco y sectores del Ejecutivo fue suspendida este martes debido a la inasistencia de los dirigentes de los comuneros. Esta nueva cita tenía por objetivo continuar con el diálogo para resolver la controversia entre la comunidad el Ejecutivo y la empresa minera MMG Las Bambas. El bloqueo que se mantiene en el tramo de 12 kilómetros del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi (Cusco) de la comunidad suma más de 40 días.
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La reunión, que debía llevarse a cabo a las 11 a.m. en la sede del GORE Cusco, tuvo la asistencia del gobernador regional, Jean Paul Benavente; y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Prefectura de Cusco y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Ellos se ratificaron en instar a la comunidad de Fuerabamba a deponer el bloqueo y llegar a acuerdos con Las Bambas a través del diálogo.
“Es la tercera vez que el Gobierno Regional convoca una reunión, lamentablemente no contamos con la presencia de los representantes de la comunidad campesina de Fuerabamba, este tipo de sucesos generan una ruptura del proceso de diálogo”, dijo Jean Paul Benavente, gobernador regional de Cusco.
Añadió que ambas posiciones en este conflicto deben llegar a un solo objetivo. “Acá hay un tema de posiciones en los que hemos instado a ambas partes a que puedan ceder en un solo objetivo: el bienestar de las poblaciones adyacentes”, declaró Benavente en una conferencia de prensa.
Los representantes de la comunidad se encuentran en Lima. Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, sostuvo que no asistieron a la reunión pactada para hoy porque están esperando que se esclarezca el caso de seguimiento a sus asesores legales, Frank y Jorge Chávez Sotelo, en la ciudad de Abancay (Apurímac).
“Es por eso (por el seguimiento) que se ha suspendido. No estamos participando hasta que se dé una investigación de quiénes están atrás de esto, quiénes están persiguiendo así”, dijo Rojas a El Comercio.
“Son policías los que los estaban siguiendo y son de Lima. Por eso, nosotros queremos saber quiénes son esas personas que están siguiendo a los asesores”, añadió el dirigente de la comunidad de Fuerabamba.
Agregó que el diálogo que sostengan no puede estar ligado a una amenaza. “La comunidad siempre está abierta. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros, si hoy día mismo nos programan a juntarnos con la empresa y el Estado, encantados. Pero no condicionante o amenaza, con eso no”, dijo el comunero.
A las 11:15 de la mañana del jueves 14 de marzo en la ciudad de Abancay, Frank Aníbal Chávez Sotelo, uno de los abogados asesores de la comunidad de Fuerabamba, manifestó a la Policía Nacional que estaba siendo perseguido sospechosamente durante dos horas por el vehículo de placa de rodaje Y1N-303.
Debido a la alerta, los agentes intervinieron al conductor de la unidad, el suboficial PNP Víctor Mediano Tanatalla (35), quien manifestó que presta servicios en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). Él dijo que se encontraba en Abancay realizando investigaciones de carácter reservado.
Minutos después, se hizo presente Alfonso Isaac Ushiñahua Olivas (30), también suboficial y de la Digimin PNP Lima. Él dijo que se encontraba ahí acompañando a Mediano Tanatalla. Las diligencias se realizaron en presencia del representante del Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial Ernesto Pizarro Holgado.
Este martes, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, dijo que los asesores legales están generando expectativas en la comunidad e indicándoles que mediante el bloqueo de carreteras obtendrán beneficios.
“Ellos lo que están exigiendo es reabrir un acuerdo que se celebró hace algunos años justamente bajo la asesoría de unos abogados que ya vienen bajo esta modalidad también participando en otros espacios sociales bajo la misma metodología. Es decir, donde ya hay acuerdos cerrados con la comunidad, estos asesores van, les generan expectativas de que cerrando carreteras y exigiéndole a la empresa posiciones duras, como pedirle 100 millones de soles por algo que no tiene ese valor, puedan sacar algún tipo de beneficio y eso es lo que tenemos que rechazar”, declaró Ísmodes a Canal N.
-Se ratifican en el diálogo-
El gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente dijo que el diálogo es la vía por la cual se debe canalizar la situación de bloqueo en el corredor minero. “Hemos venido facilitando este diálogo y esperamos y reiteramos que este espacio debe ser el mecanismo sobre el cual se resuelva el conflicto, no queremos un 'baguazo'. Nadie quiere que se vuelva a repetir pero definitivamente tenemos que instar a ambas partes a que depongan sus intereses individuales y pongan por delante el desarrollo y bienestar”, añadió el gobernador.
Por otro lado, José Antonio Caro, secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dijo que cada una de las partes involucradas en esta controversia debe responder por las acciones en el tramo involucrado en la reclasificación, pero el proceso debe realizarse sin el bloqueo de por medio. “Si el Estado tiene que responder por los procesos de reclasificacion que se dieron a solicitud del GORE Cusco, tiene que responderlo. Si la empresa tiene que responder por los compromisos que tiene pendiente aún con la comunidad, tiene que hacerlo. Pero no vamos a iniciar un proceso de diálogo que tenga resultados sin que se levante el bloqueo, porque no podemos negociar con una pistola en la nuca”, declaró en conferencia de prensa en Cusco.
“El derecho de un ciudadano termina cuando empieza el derecho del otro y esa vía nacional es un bien público por donde puede transitar libremente todo peruano o extranjero autorizado y nadie tiene el derecho de impedirlo”, añadió.
Este martes, el congresista de Nuevo Perú Edgar Ochoa y el parlamentario Dalmiro Palomino, de Fuerza Popular, participaron en una conferencia de prensa junto a la comunidad de Fuerabamba y sus abogados asesores.
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