El Gobierno de los Estados Unidos se estaría preparando para actuar contra del Perú por violar las normas ambientales estipuladas en el Acuerdo de Promoción Comercial (ACP) entre Perú - Estados, según fuentes del New York Times (NYT).
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La publicación estadounidense indicó que el jefe del Departamento de Comercio de EE.UU, Robert Lighthizer, está dispuesto a actuar agresivamente en asuntos que la administración de Donald Trump considera importantes, en este caso, relacionados al tema forestal y a la deforestación de la Amazonía, en el marco de la reciente decisión del Perú sobre el Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales (Osinfor), que esta semana pasó de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente.
De acuerdo a las fuentes del NYT, los Estados Unidos podrían solicitar la convocación de un tribunal independiente para decidir sobre el caso, cuyo plazo podría ser planteado inicialmente para este viernes.
Esta acción se produce cuando el presidente Trump reduce las protecciones de las áreas silvestres en los Estados Unidos. Esto según explica la publicación, podría tener consecuencias significativas para el nuevo acuerdo comercial de América del Norte bajo el escrutinio de la mayoría demócrata.
La representante forestal Nancy Pelosi, senadora demócrata de California, insertó el tema del acuerdo forestal en el acuerdo comercial de 2007. El lenguaje es la base de las disposiciones de cumplimiento de las normas ambientales y laborales en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que los tres países establecieron este año.
El nuevo acuerdo comercial (entre México, Estados Unidos y Canadá) que reemplazaría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), aún no ha sido aprobado por el Congreso, y los demócratas han cuestionado si el acuerdo revisado tiene la suficiente fuerza para obligar a México a cumplir con los compromisos de aumentar los salarios en la industria automotriz.
En ese contexto, el anexo forestal entre el Perú y Estados Unidos (incluido en el Acuerdo de Promoción Comercial) fue considerado un modelo para un nuevo sistema de inspección que podría incluir el decomiso en la frontera de las mercancías que se considera que violan el tratado, y el enjuiciamiento de las empresas que importan productos ilegales.
La acción del gobierno de Trump pretende, en parte, demostrar a los demócratas de la Cámara de Representantes que el presidente Trump está dispuesto a tomar medidas para garantizar que todas las disposiciones del nuevo tratado de América del Norte se apliquen en la mayor medida posible, dijo un funcionario de la administración al NYT.
Lighthizer ha intentado contener las consecuencias del anuncio de Trump el 2 de diciembre, de que planeaba retirarse de Nafta, una declaración que estaba destinada a presionar a los demócratas para que aprueben el nuevo acuerdo en los próximos seis meses.
Lighthizer ha insistido en que la administración de Trump planeaba implementar un sólido sistema de inspecciones en la frontera para garantizar que México cumpliera con sus obligaciones laborales y ambientales.
“Si bien hay aspectos positivos en este acuerdo comercial propuesto, es solo una lista sin una aplicación real de las protecciones laborales y ambientales”, dijo Pelosi.
Lighthizer ha persuadido al presidente Trump para que demore su solicitud formal de retirarse de Nafta, según tres funcionarios con conocimiento de sus acciones.
Según publica el NYT, en los últimos años el Perú ha reducido la aplicación de la legislación ambiental en un intento de atraer inversión extranjera. En el 2016, el Gobierno peruano despidió al entonces jefe de Osinfor, Rolando Navarro, luego de que ejecutivos de la industria maderera protestaron por la confiscación de madera Amazónica por parte de funcionarios estadounidenses.
La semana pasada, el Gobierno peruano redujo drásticamente la autoridad de Osinfor, organismo que fue creado para cumplir con el tratado con los EE.UU. El Osinfor fue adscrito al Ministerio del Ambiente, luego de estar desde su creación en la Presidencia del Consejo de Ministros.
En los últimos 10 años, el Congreso ha enviado a Perú $90 millones en ayuda destinada a reforzar la aplicación del acuerdo comercial. En el año 2015, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional en Houston, actuando con información de sus homólogos peruanos, incautaron 1.770 toneladas métricas de madera ilegal extraída de la selva amazónica que encontraron en el carguero Yacu Kallpa.
Los demócratas de la Cámara de Representantes, incluidos los miembros que forzaron a la administración Bush a insertar las disposiciones de selva tropical en el tratado hace una década, han protestado por las acciones de Perú.
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