Sorprende y preocupa mucho no solo la insistencia de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo en el absurdo y riesgoso proyecto para intervenir en la gestión de medios de comunicación, sino también su enfoque rayano en oscurantista y ajeno a las formas democráticas.
Desde el Consejo de la Prensa Peruana hemos aceptado asistir al Congreso, por invitación de Aramayo, absolutamente expectantes por escuchar la exposición de motivos, pero desde ya hemos adelantado nuestras principales objeciones de fondo y de forma. Así, le hemos pedido que “nos pueda adelantar referencias sobre leyes similares a su iniciativa legislativa que hayan sido promulgadas con éxito, en otros países, en el marco de la lucha anticorrupción”, lo que no ha sido respondido. Es difícil que, en el ámbito democrático, se puedan encontrar iniciativas de tan cuestionable sesgo, que atentan contra el fundamental derecho ciudadano a informarse libremente, y que se alinean más con estados intervencionistas y regímenes autoritarios o dictatoriales.
En el entretanto debemos recordar que, luego de verse obligadas a retirar el proyecto inicial y presentar otro maquillado pero igualmente peligroso, Aramayo no aclara fehacientemente las graves denuncias de extorsión que la implican junto con su padre, mientras Letona critica que el debate en torno al proyecto “se haya dado desde los medios de prensa y no en el Congreso de la República, donde debería haberse dado”.
Por si no lo saben estas legisladoras, el Congreso es un poder del Estado donde un grupo de representantes delibera, legisla y fiscaliza en nombre de los ciudadanos. Y, por lo mismo, los congresistas están obligados a rendirles cuenta de modo permanente, para lo cual la apertura a las opiniones de otros y la transparencia de sus sesiones es la norma, de la que solo se exceptúan asuntos relativos a la seguridad nacional o a la vida íntima.
Por lo mismo, la expresión de Letona es totalmente desafortunada, pues en los orígenes y en el desarrollo de la democracia está el debate público, sea en el ágora ateniense, en las plazas o en los cafés. Es del debate libre de ideas que se nutre la historia de la democracia y del que finalmente resultan, en conjunción con una serie de circunstancias, el fin del feudalismo y la monarquía, y el auge de la burguesía e instituciones como el mismo Parlamento.
¿Y cómo se comunican los ciudadanos? Pues a través de los medios de comunicación, que en tal razón se constituyen en un pilar fundamental del sistema democrático, vehículos de información y también difusores y formadores de opinión. Muchos teóricos de la comunicación y la política así lo comprueban y afirman. Jürgen Habermas llega a decir en su “Teoría de la esfera pública” conformada por los ciudadanos y que se contrapone a la esfera del Estado, que en el entremedio se ubican necesariamente los medios de comunicación, como enlaces de ida y vuelta entre una y otra.
En el Estado de derecho y la democracia representativa y deliberativa esto es un principio insoslayable, del que fluyen otros, como el propio respeto por la libertad de prensa y opinión, como base del propio sistema democrático, y por la autonomía e independencia de los medios de comunicación.
En democracia también se promueve el pluralismo y la competencia, para que los ciudadanos puedan escoger el medio que más les plazca, así como la autorregulación, precisamente para evitar cualquier sesgo de censura o autocensura. Por ello se dice que los delitos de prensa deben ser sancionados por el Código Penal y que la mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Se imaginan, como proponían antes, un órgano estatal controlando diariamente cuál información es “veraz” y cuál no, en un laberinto burocrático expuesto a la manipulación y el intervencionismo?
Como bien acota el Consejo de la Prensa Peruana, “es la experiencia de nuestra institución que toda iniciativa dirigida a normar el ámbito de los medios de comunicación en la práctica representa un peligro para el ejercicio y derecho que todo ciudadano tiene de expresarse e informarse libremente”.
De ahí que el debate público y la libre expresión de ideas no pueden estar sujetos a corsés o ningún mandato imperativo, como los que ahora se pretende imponer desde el Congreso, sin motivación ni necesidad suficientes, como ya lo hemos explicado previamente; y que se contradicen rotundamente con los principios y bases del sistema democrático y de la libertad de prensa, así como con el debate libre de ideas y de rendición de cuentas al ciudadano, que debe informarse y opinar a través de los medios de comunicación.
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