ELIZABETH SALAZAR / @ElizabSalazar
El 9 de febrero las páginas policiales amanecieron con un nuevo crimen: “Matan a prestamista colombiana en Iquitos”. La hipótesis del ajuste de cuentas se regó con facilidad y la prensa cerró el caso.
Su nombre era Katherine Muñoz, tenía 18 años y no era prestamista; era víctima de trata de personas. En el acta policial 012-2013, un año antes, ella contó cómo su compatriota Fabio Pérez la trajo de Cali para vender bingos a cambio de S/.600 semanales.
Ella necesitaba el dinero para pagar una media beca que había ganado, pero solo le dieron S/.30 a la semana. Podía entrar y salir de su alojamiento, pero sin dinero ni documentos. El fiscal que tomó su caso lo archivó porque consideró que, al no haber violencia, no había trata.
Mario, otro colombiano de 28 años, aceptó ser mozo en la empresa Tayrona, que dirige un compatriota suyo en Breña. Cuando llegó a Lima, en diciembre, le dijeron que ya no había vacantes pero debía devolver US$1.000 por sus pasajes y estadía. Mario trabajó de cocinero, sin sueldo, hasta que su compatriota le pidió otros US$900 para capacitarlo en un instituto mientras se abría una plaza.
Pagó, pero no hubo curso ni vacante. Quiso huir y lo encerraron.
Al salir no tenía cadenas, pero sí una denuncia por abandono laboral y la amenaza de decir a su familia que había robado a la empresa. Pensó continuar, pero su cuerpo fue vencido por una úlcera nerviosa y se refugió en su embajada.
EXTRANJEROS EXPLOTADOS
La trata existe siempre que alguien es captado con la promesa del trabajo ideal o el amor soñado, no solo por la fuerza. Se los traslada a otra ciudad y se los retiene, con chantajes o violencia, para explotarlos en trabajos, prostíbulos y bares.
La policía y la fiscalía afirman que en los últimos dos años se incrementó el ingreso de colombianas y ecuatorianas captadas, principalmente, para explotación sexual en la modalidad delivery en hoteles de Miraflores, San Isidro y Surco.
Las cifras oficiales dan cuenta de 17 extranjeros sometidos en el 2012 a trata laboral o sexual, y otros 21 en el 2013. La labor de inteligencia para rescatarlos es escasa, y los que logran pedir ayuda se topan con trabas insólitas.
Para que Katherine regresa su país un fiscal debía declararla en abandono. Migraciones quería multarla por exceso de estadía y no había quién financiase su pasaje. En ese lapso perdió la beca y permaneció en un albergue sin atención psicológica.
La repatriaron en junio, pero regresó a Iquitos en diciembre. “No sabemos si la amenazaron o si le prometieron algo”, nos dice un agente. Dos meses después, Katherine murió de un balazo.
“No contamos con relaciones bilaterales ni protocolos para homologar la asistencia a víctimas”, advierte Alberto Arenas, de la ONG CHS Alternativo.
PROTOCOLOS Y CONSULADOS
El Perú no tiene albergues para hombres, por lo que en el caso de Mario una ONG tuvo que buscarle un hospedaje seguro mientras su embajada dudaba en pagarle la atención médica.
Colombia tiene un plan de atención, pero limitado. “Tramitamos sus documentos, pasajes y coordinamos con la policía y la familia. No tenemos albergues fronterizos”, explicaron en su embajada. Argentina y Chile también tienen un protocolo.
Perú no dispone de un plan para que fiscales, policías, embajadas e instituciones sepan cómo actuar en estos casos.
“Al Estado le falta articular la atención a víctimas de trata. Las funciones de cada sector están normadas, pero no tenemos un protocolo que les diga cuándo y cómo hacerlo”, dice Claudio Bonatto, de Save The Children.
PERUANOS EN EL EXTERIOREn marzo del 2013, la policía de Brasil rescató a 15 puneños explotados en una fábrica textil, pero la operación por poco no se realizó. Días antes, uno de ellos huyó al consulado peruano y contó que había más retenidos. La embajada financió su regreso y después avisó a la fiscalía. Así, sin mayores datos, se corrió contra el reloj para armar un expediente e intervenir el taller.
Eduardo Souza, de la Dirección de Protección y Asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que pronto aprobarán un protocolo de atención. Por ahora sus consulados usan directivas aprobadas sobre la marcha y no todos los funcionarios las manejan. “El protocolo permitirá mejorar la atención y saber, por ejemplo, a quién reportar el caso o a quién debe ser entregada la víctima”, explicó.
Los pasajes de los rescatados los paga el programa de asistencia para nacionales en el exterior, que no es exclusivo para trata, y maneja S/.450 mil al año.
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