El Ejecutivo aprobó ayer una lista de decretos supremos que autorizan la transferencia de proyectos valorizados en S/6.225 millones desde los ministerios hacia los gobiernos regionales y municipalidades del país.
La cartera de inversión pública comprende los sectores de transportes (S/1.794 millones); vivienda(S/1.369 millones); educación (S/1.312 millones); salud (1.094 millones); agricultura (S/231 millones) y otros rubros (S/424 millones).
Las transferencias irán a 500 gobiernos subnacionales. Los montos más altos estarán concentrados en regiones como San Martín (S/450 millones), Cajamarca (S/441 millones), La Libertad (S/436 millones) y Cusco (S/415 millones).
La transferencia fue anunciada ayer por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en una reunión a la que asistieron el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva; el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Óscar Benavides; algunos gobernadores regionales; el contralor general de la República, Nelson Shack, y ministros de Estado.
“Ratificamos nuestra voluntad descentralista. Es una demanda de la población que estos recursos sean gastados de forma honesta y eficiente”, dijo Vizcarra.
El mandatario añadió que entregará la lista de proyectos y regiones beneficiadas a la contraloría para la supervisión en la ejecución de las inversiones. Según Shack, este control será desplegado en los próximos tres meses y contempla un componente de participación ciudadana.
—Temas pendientes—Para Omar Narrea, especialista en gestión pública de la Universidad del Pacífico, la sola transferencia de recursos no es suficiente para garantizar la ejecución de las obras. Según dijo, este impulso fiscal debe ir acompañado de mecanismos de filtración de proyectos para seleccionar los más aptos. Además de una adecuada supervisión de avances a los gobiernos subnacionales.
“No se ha alineado el tema de recursos con las metas. Puede que se dé más dinero a un municipio o región; pero si no está claro cuál es su capacidad de ejecución, quizás no se alcance ninguna meta financiera o física”, dijo.
—Bajo evaluación—Ayer, la contraloría informó que desde setiembre del 2017 a la fecha se han identificado 445 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras de la reconstrucción en las zonas golpeadas por El Niño costero.
Según dicha entidad, los riesgos corresponden a procesos de selección y ejecución contractual reportados en las regiones costeras desde Tumbes a Ica.
Entre las principales observaciones figuran los retrasos en la ejecución de servicios, deficiencias en la aprobación de fichas técnicas, errores en procesos de selección e información desactualizada.
Síguenos en Twitter como @PeruECpe
Contenido Sugerido
Contenido GEC