Tres mujeres y cinco niños fueron hallados este miércoles en un predio rural del centro poblado Alto Celendín, en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín. Según la División de Investigación de Trata de Personas (Divintrap) de la policía, ellos habían sido víctimas de un sujeto que se hacía pasar por religioso pero que abusaba sexual y laboralmente de las tres mujeres adultas.
Entre las personas halladas está Patricia Aguilar Poveda, una joven de 19 años nacida en Alicante (España) que había sido reportada como desaparecida en enero del 2017. Aguilar tenía en brazos a un bebe que había dado a luz hace un mes. Las otras mujeres adultas encontradas son las peruanas Paola Juana Vega Passaro, de 42 años, y Maryori García Valverde, 29.
El miércoles, antes de la intervención, la policía arrestó en San Martín de Pangoa a Félix Steven Manrique Gómez, de 35 años. Él era buscado desde enero por el delito de trata de personas. Se cree que captó a la ciudadana española y a las otras dos mujeres. Maryori García, quien está embarazada, se identificó como esposa de Manrique y Paola Vega, como su conviviente.
“Hace diez días fue comisionado un equipo que viajó hasta Satipo para dar con el paradero del implicado y de las víctimas. El delito de trata de personas configura varios fines como la explotación sexual, la explotación laboral y otros. La responsabilidad del acusado es materia de investigación”, dijo ayer el coronel José Antonio Capa Gurbillón, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la policía.
-En investigación-
Según la investigación fiscal, Manrique Gómez captaba a sus víctimas a través de una cuenta de Facebook, en la que se presentaba como líder de una secta religiosa. En conversaciones obtenidas por la policía –que son materia de investigación–, este sujeto se autodenominaba un “escogido de Dios” y decía a sus víctimas que necesitaba mujeres para cumplir con su tarea.
La familia de Patricia Aguilar señala que ella fue captada por el grupo llamado Gnosis Perú, del que Manrique habría sido líder. Sin embargo, ayer este grupo rechazó en un comunicado tener vínculo con el detenido. Si bien admitieron que Manrique fue parte de su institución por cuatro meses, indicaron que lo separaron al detectar que presentaba conductas mitómanas.
Vale precisar que Patricia Aguilar se comunicó en algunas oportunidades con sus padres por teléfono y aseguró que no estaba secuestrada. Ella también sostuvo esta versión en entrevistas en dos canales televisivos peruanos. Los familiares de las peruanas Maryori García y Paola Vega también habían reportado su desaparición.
Consultado sobre si las mujeres fueron captadas por una sola persona o por un grupo o secta, el coronel Capa dijo que, por el momento, solo se trataría de Félix Manrique.
-Desnutridos-
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) desplegó ayer asistencia profesional para las mujeres y los menores afectados. Se informó que los niños presentan un avanzado grado de desnutrición, dado que solo recibían comida algunas veces cada semana.
Las tres mujeres, los cinco niños y el investigado llegaron a Lima ayer por la mañana y fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
Por la tarde, el MIMP informó que inició el proceso para dictar medidas de protección a favor de las víctimas. Se confirmó que ellos serían instalados en alojamientos temporales y en albergues, en el caso de los menores, a fin de que reciban una atención adecuada.
Alberto Aguilar, padre de Patricia, quien está en Lima desde el 9 de junio, se mostró satisfecho por el rescate de su hija. A través de las redes sociales, él promovía una campaña para encontrarla.
“Pienso que es una captación psicológica y estará bien aleccionada. Sus ideas son otras porque está en un entorno tóxico. Entonces, no sé cómo pueda reaccionar ante un cambio de vida que se supone es mala, que somos el rebaño, y esas historias que le cuentan”, dijo el ciudadano español en Canal N.
El abogado penalista Mario Amoretti explicó que el delito de trata de personas sin agravantes tiene una sanción de entre 8 y 15 años. Y si se trata de explotación sexual, la pena sería de entre 10 y 15 años. Esto al margen del estado en el que fueron encontrados los menores. “El caso podría resolverse en uno o dos años, dependiendo de cómo se lleva a cabo la investigación”, estimó.
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