En La Oroya no se ha cumplido con el mandato del Tribunal Constitucional para equipar debidamente a los establecimientos de salud para enfrentar las consecuencias de la contaminación en la zona.
Así lo manifestó Rosa Amaro, ex presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya (Mosao), quien recordó que a muchos niños del lugar se les encontró niveles de plomo en sangre superiores en cuatro o hasta siete veces el nivel máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según dijo, el 2005 la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para las población en riesgo por la contaminación.
El 31 de agosto de 2007, la CIDH ordenó al Estado la adopción de medidas para proteger la salud, integridad y vida de los residentes.
Amaro indicó que la empresa Doe Run tiene un programa de atención de niños con plomo en sangre llamado Cuna Jardín Casaracra, en el que se atienden a infantes de los 2 a 5 años de edad, pero que solo se está tratando a 43 niños, cuando la población infantil afectada es mayor.
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