Pataz en estado de emergencia: ¿Qué tan eficaz es la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas críticas?

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llegó ayer a la región La Libertad para asumir el control del orden interno en la provincia de Pataz, tarea que había estado en manos de la Policía Nacional, como parte de la nueva declaratoria de emergencia para hacerle frente al crimen organizado vinculado a la minería ilegal.

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La noche del martes, el Gobierno publicó el decreto supremo que oficializa el estado de emergencia en la provincia. En el documento se brindaron detalles sobre el número de militares y la estrategia que adoptarán para atender una problemática que en los últimos meses se ha agravado con la presencia de organizaciones criminales transnacionales. Aunque Pataz ya se encontraba en emergencia por motivos de seguridad desde el año pasado, esta vez la policía brindará apoyo a las Fuerzas Armadas, relegando así su competencia en este ámbito, por un plazo de 60 días.

En Trujillo, donde también se aplicará la medida, la policía continuará a cargo del orden interno con apoyo militar. En ambas provincias habrá “toque de queda” desde las 00:00 hasta las 04:00 horas, en la que se suspenderá la la atención de los locales comerciales, los eventos sociales y los espectáculos.

Dentro de los puntos claves del nuevo decreto, destaca la presentación de un informe dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia. Será precisamente el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú quienes deberán elaborar el documento detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos, a través de los ministros de Defensa e Interior.

Como parte de las restricciones por el estado de emergencia, quedarán suspendidas la atención de locales comerciales, eventos sociales y espectáculos desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana.

Además, se establece que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumirá el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en la provincia de Pataz del departamento de La Libertad.

Finalmente, respecto a la articulación con entidades públicas, el Ministerio de Defensa gestionará, a favor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las medidas que sean requeridas con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Migraciones, Sucamec, Gobierno Regional de La Libertad y gobiernos locales de la circunscripción departamental para que, en el marco de sus respectivas competencias.

Para el exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, aunque es necesaria la participación militar en zonas donde el crimen organizado ha tomado el control, su presencia por sí sola no es eficaz. Como ejemplo, menciona que en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, la estrategia de dejar el orden interno a las Fuerzas Armadas no ha erradicado el problema del narcotráfico y la minería ilegal.

“El solo hecho de la declaratoria de emergencia no resulta una medida eficiente contra estas economías ilegales que lejos de desaparecer se han consolidado. Desde hace 20 años el Vraem está en estado de emergencia donde la responsabilidad del orden interno la tiene las Fuerzas Armadas y a pesar de eso es la principal zona productora de cocaína en al Perú. En la Pampa se instalaron campamentos mineros, pero no ha cambiado nada”, dice.

En diálogo con El Comercio, opina que se necesita acompañar la presencia militar, a la que califica de “absolutamente necesaria e importante”, con la intervención integral de otros actores estatales como Producción, Salud o Educación.

“Lo que tendrían que hacer las Fuerzas Armadas es ir recuperando territorios que han sido tomados por esas economías ilegales y, una vez que son recuperadas, aplicar estrategias integrales de sostenimiento con componentes productivos. Estamos hablando de 800 mil personas que se dedican a la minería ilegal de manera directa e indirecta. Estas economías ilegales le dan trabajo principalmente a jóvenes de zonas rurales. Por eso se necesita una estrategia integral y no tenerla es el gran problema de este gobierno”, añade.

Esto resulta indispensable considerando que el crimen organizado se va perfeccionando y complejizando con la incursión de bandas extranjeras en el problema. “Hace 10 años, en Pataz el problema era de mineros ilegales, ahora no solo es eso sino las estructuras criminales que brindan protección a esas economías ilegales”, finaliza Vargas.

Tanto el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, como el entonces ministro de Defensa, Jorge Chávez (Walter Astudillo lo reemplazó la noche del martes), defendieron las nuevas disposiciones asegurando que las competencias e intervenciones de las Fuerzas Armadas se desarrollarán en el marco irrestricto del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. “Esta decisión está plenamente justificada por la presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal que han perpetrado actos de terror con ataques de explosivos a las fuerzas del orden y sobre torres eléctricas”, dijo ayer el ahora exministro de Defensa.