WILFREDO SANDOVAL
Roberto Torres Gonzales tentará una segunda reelección a la alcaldía provincial de Chiclayo pese a tener más de 3.000 denuncias en el Ministerio Público y el Poder Judicial. De todas estas, la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque considera que 19 son las más graves, ya que implican a la autoridad edilicia en delitos de peculado, cohecho (soborno) y colusión. En resumen, corrupción. El jefe de la Procuraduría Pública Municipal de Chiclayo, Germán Vásquez Merino, explicó que Torres acumuló más de 3.000 denuncias en la última década, pero precisó que el 95% corresponde a casos laborales heredados de anteriores gestiones municipales, en su mayoría del ex alcalde Arturo Castillo Chirinos, en el período 2003-2005. Vásquez Merino precisó que, según lo dispuesto por el Ministerio de Justicia, la investigación de las 19 denuncias contra el alcalde Torres, por presuntos actos de corrupción, pasó a manos de la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque, institución dirigida por Manuel Benavente. Este funcionario hace seguimiento a estos procesos, que se ventilan en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Catorce de los procesos se encuentran en la fiscalía (cinco en etapa preliminar y nueve en fase intermedia). Los otros cinco están en investigación preparatoria en el Poder Judicial. Torres dijo ayer a El Comercio que él no es culpable de ningún caso de corrupción. “No estoy implicado en nada y por ello se dará facilidades a la Contraloría para que investigue mi gestión”, dijo. El alcalde aseguró que las 19 denuncias de corrupción en su contra tienen “tintes políticos”. “No me preocupan”, añadió.
ACUSACIONES GRAVES
Uno de los casos que comprometieron seriamente a Torres fue una denuncia por el delito de peculado de uso. La demanda la presentó la fiscalía, a raíz de una publicación periodística del 2012, por la utilización de una camioneta de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para trasladar a las hijas de Torres a un club privado.
Por este motivo, en mayo del 2012, el Poder Judicial lo sentenció a dos años de pena privativa de libertad y lo inhabilitó del cargo por igual período. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones le retiró las credenciales, Torres fue restituido como alcalde el 28 de noviembre del 2012, y desde esa fecha continúa en el puesto. Aun así, el proceso sigue abierto en la Corte Suprema.
En la actualidad, la autoridad municipal afronta serios cuestionamientos por las deficiencias en la ejecución de obras de saneamiento que han dejado muy deteriorada a la ciudad.
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