La Amazonía peruana es testigo de un nuevo conflicto social. Desde el 22 de abril, decenas de indígenas –pertenecientes a las comunidades de Los Jardines y Alianza Nueva Capahuari– ocupan las instalaciones del lote 192, ubicado en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón (Loreto).Follow @sociedad_ECpe
Según la Organización Interétnica del Alto Pastaza (Oriap), que agrupa a ambas comunidades nativas, la medida de fuerza responde a que la empresa petrolera Pacific Stratus (actual operadora del lote) no ha cumplido con pagarles una compensación por el uso de tierras comunales. Al cierre de esta edición, aún no se había definido si este lunes se instalará la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo con la participación de la empresa Pacific.
¿Pero cómo se llegó a esta grave crisis social en la otrora reserva petrolera más importante del país?
—La raíz del conflicto—En agosto del 2015, el gobierno de Ollanta Humala –a través de Perú-Petro– suscribió un contrato temporal con Pacific para la explotación del lote 192 por un período de dos años, luego de que se venciera el contrato con la antigua concesionaria Pluspetrol.
Perú-Petro explicó a El Comercio que la firma petrolera “tenía la obligación de gestionar un proceso de servidumbre” con las 18 comunidades nativas que se sitúan en el ámbito del lote para compensarlas por el uso de sus tierras. Según la entidad estatal, Pacific acordó pagar el mismo monto que había ofrecido Pluspetrol en su momento, pero la única comunidad que no aceptó la propuesta fue Los Jardines.
Como no hubo acuerdo, en marzo del 2016, Pacific activó procedimientos legales y solicitó la constitución del derecho de servidumbre sobre un predio de 7,2 hectáreas en Los Jardines. La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) admitió el requerimiento en abril del 2016. La petrolera entregó entonces un informe técnico en el cual se establecía una primera tasación: S/240 por hectárea utilizada en el predio, es decir, S/0,024 por m2.
La comunidad solicitó a la DGH que desestime dicha tasación. Sus representantes explicaron que Pacific no había valorizado “todas las áreas de servidumbre”, las cuales –según ellos– comprendían la zona de Capahuari Sur (lugar del campamento petrolero), las áreas de carreteras y de ductos que, en total, sumaban 130 hectáreas y no siete.
Susana Huatuco, asesora de la Oriap, indicó que Pluspetrol jamás pagó servidumbre a Los Jardines. “Esa empresa firmó un convenio con la comunidad y reconoció que el lote ocupaba 130 hectáreas de sus terrenos, por lo que efectuaba un pago [cerca de S/200 mil ]. Perú-Petro nunca debió permitir que Pacific ingresara al lote sin antes iniciar un proceso de servidumbre tras la salida de Pluspetrol”, agregó.
—Tasaciones rechazadas—En mayo del 2016, la DGH encargó al Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), una institución privada e independiente, que valorice los terrenos. Recién en noviembre de ese año, la CTTP presentó su tasación para Los Jardines, en la cual concluyó que Pacific debía compensar a la comunidad con los siguientes montos: US$7.621 por 1,6 hectáreas utilizadas para el paso del oleoducto Capahuari Sur, y US$46.506 por 5,6 hectáreas empleadas para el paso de una carretera.
Esta segunda tasación también fue rechazada por los indígenas, quienes propusieron que se les debía pagar US$1 millón por la servidumbre. En tanto, la DGH advirtió que el informe de la CTTP estaba incompleto, pues no incluía la compensación a pagar por el eventual lucro cesante y por los daños emergentes.
Finalmente, en marzo último, la entidad del Minem dejó sin efecto el cálculo de la CTTP y nombró a la Dirección General de Políticas y Regulación (DGPR) en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda para que haga una tercera tasación.
—Hacia la mesa de diálogo—La DGPR del sector Vivienda presentó, el 18 de abril pasado, su informe técnico de valoración de los terrenos comunales. Al igual que Pacific, solo consideró la tasación de 7,2 hectáreas de Los Jardines como parte de la servidumbre, a las cuales valorizó en S/66.058. A ese monto le sumó una compensación por lucro cesante de S/48.484. En total, estimó que la petrolera debía pagar S/114.543. Vale precisar que en este caso el pago por concepto de servidumbre corresponde a un único pago por los dos años de concesión de Pacific.
Este informe de tasación fue remitido a la DGH y a las comunidades nativas, que rechazaron este documento y acordaron la toma de las instalaciones del lote 192, el 22 de abril. Según informó el Minem a El Comercio, los plazos legales para emitir una resolución final para este procedimiento aún se encuentran vigentes y, por tanto, “no es lógico” que se tome una medida de fuerza.
Esta semana, los dirigentes nativos amenazaron con desmantelar la infraestructura petrolera si no les pagaban la compensación solicitada, de US$1 millón.
El jueves, el Ejecutivo, a través del Minem, propuso la instalación de una mesa de diálogo en Iquitos con la participación de Pacific. La propuesta no ha sido aceptada por los nativos, quienes proponen que el diálogo se lleve a cabo en la comunidad. También señalan que no están dispuestos a dialogar sobre más tasaciones y que su única pretensión es negociar el pago de US$1 millón por el uso de sus tierras.
Fuentes al interior del Viceministerio de Gobernanza Territorial (entidad encargada de los conflictos sociales, entre otros temas) de la Presidencia del Consejo de Ministros señalaron a este Diario que están conversando con las comunidades para instalar la mesa de diálogo en un lugar neutral que dé “garantías a ambas partes”. También indicaron que “garantizan los derechos de las partes y que rechazan cualquier manifestación de violencia”. Este Diario trató reiteradas veces de comunicarse con la empresa Pacific, pero no obtuvo respuesta.
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