La mesa de diálogo en la comunidad nativa de Saramurillo, ubicada en el distrito de Urarinas (Loreto) se retomó hoy con la presencia del ministro de la Producción, Bruno Giuffra y otros representantes de gobierno, tal como se acordó el pasado 11 de diciembre entre los líderes indígenas y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Vamos a buscar soluciones reales y posibles, en beneficio de nuestras comunidades indígenas”, declaró Giuffra al inicio de la reunión. El ministro permanecerá en la zona para debatir seis de los siete puntos que quedaron pendientes, entre ellos: la remediación ambiental del Lote 192 y Lote 8 y la revisión del contrato de la empresa Pluspetrol Norte. Trascendió que el debate inició por el tema de la remediación.
El miércoles 7 de diciembre el diálogo se suspendió por decisión de los líderes indígenas luego que el ministro de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, retornó a Lima tras permanecer un día y medio en Saramurillo. El argumento de los apus fue que hubo un compromiso previo del gobierno para que un ministro esté presente durante todo el diálogo.
Entre los funcionarios presentes están el viceministro de Energía, Raúl Pérez-Reyes; el viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Mathews y representantes de los Ministerios de Justicia, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Del Ambiente y Cultura. Además, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM y de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso.
Las comunidades nativas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira acatan una protesta en Saramurillo desde el 1 de setiembre por el impacto de la actividad petrolera en la zona y los últimos derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano operado por la empresa Petro-Perú.
El primer acuerdo logrado en la mesa de diálogo del 7 de diciembre fue que una empresa internacional independiente realice una auditoría sobre la situación del oleoducto. Las comunidades tendrán 10 representantes en esta comisión.
Durante estos días se discutirá además sobre la revisión del contrato de Pluspetrol Norte S.A, la ley de monitoreo ambiental comunal, la compensación del estado a pueblos indígenas afectados por la contaminación petrolera, la creación de una Comisión de la Verdad, y las normas sobre criminalización de la protesta.
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