Se ha vuelto a poner en discusión el doloroso pasado reciente, signado por la violencia política y las acciones terroristas. Y no precisamente porque se hayan cumplido 38 años de la primera acción subversiva de Sendero Luminoso, como lo recordaba esta semana el periodista Ricardo León en una crónica publicada en la web de este Diario el 17 de mayo [https://bit.ly/2IsWcSR].
Más bien, el tema vuelve a las primeras planas por la acción de dos congresistas. Lo hace lejos de la sensatez y mesura que la muerte y desaparición de miles de peruanos, civiles y militares, y sus dolorosas secuelas demandarían.
En contraste, hace unas semanas, cuando se presentó el listado de las 20.239 personas desaparecidas durante la guerra (lo que convierte al Perú en uno de los países de América Latina con mayor cantidad de desaparecidos), la cobertura noticiosa fue modesta y el interés de los políticos fue nulo. ¿Será porque el 40% de los casos corresponde a Ayacucho, una región tradicionalmente pobre, con poco peso electoral y político?
Hoy, la acción de los parlamentarios, en cambio, origina denuncias y renuncias. El congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso), general del Ejército en situación de retiro, encabeza una acción como visitante incógnito, para luego decir que en el Lugar de la Memoria (LUM) se hace “apología al terrorismo”.
Difunde luego un video de cerca de seis minutos, que concluye insinuando que las siglas y la arquitectura del museo hacen juego al nombre de la agrupación terrorista que inició la guerra interna, en 1980.
La congresista María Elena Foronda (Frente Amplio) ha sido, en cambio, algo más discreta en sus formas, aunque cercanamente indolente. Contratar como personal de confianza en el Congreso a una persona sentenciada por terrorismo seguramente cumple con los requisitos de ley, pero denota una falta de sensibilidad monumental, más que una vocación por el error político.
Aunque desde algunos sectores de la izquierda se suela querer edulcorar el rol y accionar del MRTA, este fue un grupo terrorista, con numerosas acciones criminales en su haber. ¿O se olvidan los crímenes contra las minorías sexuales en la selva, y los secuestros y asesinatos de empresarios y altos funcionarios en las zonas urbanas?Lejos de la estridencia, se debe sacar del olvido a un país y una etapa de la historia peruana, que solo se recuerda cuando se quiere usar la guerra interna para intentar reescribir el pasado o como un recurso para atacar al adversario político. Forjar, por ejemplo, una suerte de Plan Marshall para el Perú de la posguerra, que es algo que le faltó a la historia reciente, como lo notaba hace unos días la economista Roxana Barrantes en un artículo publicado en El Comercio .
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